Frank Sauerbaum
Diputado por Ñuble
Dos años del Gobierno del Frente Amplio
Hoy se cumplen dos años del inicio de la administración del Presidente Boric y el balance de sus resultados es negativo. Si se consideran las principales preocupaciones de la ciudadanía, salvo el control de la inflación, hubo malas noticias: subió el delito, casos de corrupción que golpearon la percepción de probidad, el gobierno fracasó en su intento de reforma previsional, las listas de espera en salud siguen creciendo, la economía no ha sido capaz de crear suficientes empleos formales, no se cumplirá el compromiso de construir 260 mil viviendas y aún no se recuperan los niveles de asistencia escolar tras la pandemia.
El requerimiento mas sentido de los chilenos es mas seguridad, un 52% de la población considera que la delincuencia es uno de los tres principales problemas de Chile, 13 puntos porcentuales más que lo registrado en marzo del 2022 (39%). Lo anterior resulta previsible dado que los delitos violentos, tales como homicidios y violaciones, han alcanzado cifras récord durante este periodo presidencial. Según el Informe Nacional de Homicidios Consumados elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, este delito alcanzó un máximo histórico durante el 2022 con 1.322 casos.
Si bien los datos para el primer semestre del año 2023, muestran una disminución de 18 casos en comparación al mismo periodo de 2022, no es evidente que en 2023 haya terminado con un quiebre en la tendencia al alza. Por el contrario, según cifras de Carabineros, se observa que, durante el año 2023, la suma total de delitos violentos (homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones) alcanzó su registro más alto de, al menos, los últimos nueve años.
Otro tema relevante sin resolver es el migratorio, tras el cierre de fronteras por las restricciones impuestas por la pandemia, la población inmigrante en nuestro país experimentó un nuevo crecimiento el 2022.
Así, según la estimación de personas extranjeras en Chile del INE y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en el país viven 1,6 millones de inmigrantes alcanzando una proporción de 8,2% respecto a la población total. De estas, un tercio son de origen venezolano y más de la mitad viven en la Región Metropolitana.
Respecto al resguardo de las fronteras, un estudio del Observatorio de la Migración Responsable, realizado a partir de cifras de la PDI, indica que, durante el periodo comprendido entre el 2022 hasta agosto del 2023, los ingresos ilegales alcanzaron los 88.418 casos, una cifra que supera la registrada a la suma de los cuatro años anteriores (88.062). Frente a esta realidad, el Gobierno ha reaccionado con una preocupante falta de oportunidad.
Por ejemplo, la Política Nacional de Migración y Extranjería se publicó recién a fines del año pasado, reduciendo el tiempo de aplicación de esta misma.
En los próximos dos años de gobierno se requiere una mejor gestión para revertir esos malos indicadores y dejar de lado posiciones ideológicas para lograr acuerdos que beneficien a la ciudadanía.
Considerando que los dos próximos años estarán marcados por las elecciones (este año son las de autoridades regionales y municipales y el próximo las parlamentarias y presidenciales), lo que posiblemente dificultará alcanzar grandes acuerdos en el Congreso, se vuelve esencial que el Gobierno pueda concentrarse en mejorar la gestión de modo de aumentar la eficacia en la persecución del delito, fiscalizar correctamente las fronteras, disminuir las listas de espera en los hospitales estatales y mejorar la calidad de la educación en los SLEP.
Mejorar los controles contra la corrupción y despejar las incertidumbres tributarias y previsionales también es esencial para que el país pueda volver a crecer y crear empleos.
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