¿Empresas del Estado aportan o no?

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

¿Empresas del Estado aportan o no?

El rol de empresario del Estado chileno ha tenido una fluctuación significativa durante las últimas décadas, pasando por periodos expansivos, así como también de reducción, y es así como durante los últimos años hemos observado el cierre de empresas estatales como La Nación, la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) y la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), en cambio, en 2018 se constituyó el Fondo de Infraestructura (FOINSA) en donde el Fisco es dueño de un 99% y Corfo del 1% restante. 

En el programa de Gobierno de primera vuelta del entonces candidato, Gabriel Boric, había una extensa lista de nuevas empresas estatales, tales como la Empresa Nacional de Redes de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Hidrógeno Verde, la Empresa Nacional del Litio, la Empresa Pública Comercializadora de Materiales de Construcción, la Empresa Pública de Industrialización de Vivienda Sustentable, la Empresa Pública de Administración y Desarrollo de Infraestructura, además de una nueva Banca de Desarrollo. 

Sin embargo, el programa de la coalición Apruebo Dignidad eliminó muchas de estas ideas, aunque una vez instalado en La Moneda aparecieron otras iniciativas como la de la comercialización minorista de gas licuado que generó polémica por el alto costo que significó para el Fisco. La experiencia de “Gas para Chile” demuestra que el rol empresarial del Estado tiene muchos costos ocultos. La política fiscal analiza regularmente la evolución de la deuda pública y su sustentabilidad futura, a partir de lo cual se derivan las estimaciones de holguras de gasto para los siguientes años. 

Sin embargo, ese análisis no considera la deuda emitida por las empresas estatales, lo que genera un riesgo creciente, ya que el incumplimiento eventual de alguna de ellas escalaría inmediatamente a su dueño, el Estado de Chile. La cuantía de la deuda y el abultado gasto en intereses genera un costo de oportunidad sustancial en otras áreas de política pública que requieren recursos y que son prioritarias para la población como seguridad ciudadana, salud o educación.

Estas cifras y la trayectoria de aumento de la deuda del Gobierno central y las empresas del Estado dejan algunas lecciones. Primero, la necesidad de incorporar las empresas estatales del análisis fiscal consolidado que permita tener una dimensión agregada sobre la evolución de la deuda total, al ser ello reflejo del desequilibrio acumulado, identificando con mayor nitidez los cambios de trayectoria que puedan ser requeridos para evitar nuevas caídas en la clasificación de la deuda. 

Segundo, la necesidad de evaluar exhaustivamente la creación de nuevas empresas del Estado -por ejemplo, la necesidad de crear un Banco Nacional de Desarrollo o una Empresa Nacional del Litio- que no son imprescindibles y que los objetivos que persiguen muchas veces pueden ser logrados a través del sector privado sin que el Estado deba incurrir en significativos gastos financieros. 

Por último, incorporar a todas las empresas estatales bajo la supervisión del SEP ayudaría a una mejor coordinación y control de instituciones que hoy muestran cuestionables resultados financieros, así como también robustecer su gobernanza y desanclarla del ciclo político.