Integridad Electoral Bajo Amenaza

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

Integridad Electoral Bajo Amenaza

A partir de la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2022 , nuestra Carta Magna consagró en su artículo 15 el carácter obligatorio del voto: “en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. El sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. 

Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”. Por ende, es un deber constitucional de la autoridad el velar por el cumplimiento de dicha obligatoriedad, por lo que se requiere el establecimiento de una sanción por no votar, la que debe ser regulada por la respectiva ley orgánica. 

Consciente de esta realidad, parlamentarios del oficialismo, con la comparecencia del Gobierno, vieron en esta discusión una oportunidad para reabrir el debate respecto de las sanciones por no sufragar en el contexto de un régimen de voto obligatorio, avanzando un paso más allá, para proponer que esta sanción no se aplique para el caso de los electores extranjeros habilitados para votar en Chile. 

La cuestión sobre la realización de la elección en dos días finalmente logró consenso legislativo. Sin embargo, la sala del Senado no aprobó las disposiciones que emanaron del informe de la Comisión Mixta relativas a la reducción de los montos en dinero por voto obtenido por cada candidato y partido político, la sanción por no votar y los montos asociados a ella. Uno de los pilares centrales de nuestra institucionalidad democrática es la certeza, confiabilidad e integridad de nuestras reglas electorales. 

Sin embargo, de manera inédita, el Gobierno abrió un debate que altera esta tradición modificando, en la antesala de las elecciones municipales y regionales de octubre, la norma relativa al voto obligatorio para la población extranjera con derecho a voto en nuestro país. La erosión gradual de la democracia, incluso a través de procesos habilitados por ella, es una peligrosa tendencia mundial de la cual, a la luz de los hechos, nuestro país parece no estar del todo ajeno. 

La distinción entre voto obligatorio con o sin multa para nacionales o extranjeros, que esbozó el Gobierno en el debate parlamentario no sólo contravenía el mandato constitucional vigente, sino que también parecía infundada y arbitraria. Abriendo, de paso, una sospecha de motivaciones electorales detrás de esta súbita pretensión por modificar la norma electoral. 

Finalmente, el Gobierno presentó un veto para abordar el asunto, en el cual, se rebaja el monto de la sanción por no sufragar desde un monto de hasta $200 mil a $33 mil pesos. 

Toda norma relativa al sistema electoral es discutible en el foro de la democracia, en los tiempos y plazos adecuados, siempre y cuando no se hipoteque la credibilidad de procesos electorales en curso. En las circunstancias actuales, estas condiciones no se cumplen, comprometiéndose así la integridad y la confianza en el proceso electoral.