Seguridad Municipal

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

Seguridad Municipal

Tras una serie reciente de hechos de violencia contra funcionarios de seguridad municipal en diversas comunas, el Gobierno anunció que el proyecto de ley de seguridad municipal (boletín 15.940-07) recibiría discusión inmediata. La actual urgencia contrasta con la lentitud que ha tenido la tramitación de esta iniciativa, que fue parte de la agenda que priorizó la entonces ministra Carolina Tohá y el Parlamento en 2023, pero que aún no logra ser aprobada. 

En términos generales, hay coincidencia en la necesidad de institucionalizar y entregar un contexto normativo claro al rol que cumplen los municipios en materia de seguridad. Particularmente, el papel que juegan los funcionarios municipales que hoy carecen de atribuciones y herramientas para colaborar con las policías en materia de seguridad pública. 

Tal como en otras discusiones relativas a la seguridad (por ejemplo, en las Reglas de Uso de la Fuerza) es necesario que, en este caso, los municipios tengan mayor claridad sobre qué pueden hacer y que existan protocolos que encuadren el actuar de los funcionarios municipales en un marco jurídico, así como considerar los limitantes a las que se verán enfrentados. 

Por otro lado, también es fundamental definir bajo qué figura se desempeñarán los guardias municipales, ya que actualmente no están considerados por el estatuto administrativo municipal, con las consecuencias que eso implica (desde incorporarlos a la planta municipal hasta la responsabilidad administrativa que les cabrían como funcionarios públicos). Si bien el proyecto aporta avances significativos al proporcionar un marco jurídico y normativo para la seguridad municipal y su personal, aún hay varios aspectos que requieren ajustes. 

En primer lugar, es crucial establecer con precisión que los inspectores municipales no son una fuerza policial, evitando confusiones sobre sus funciones y atribuciones. Además, el financiamiento del proyecto debe revisarse, no solo para evaluar si es suficiente, sino también para garantizar mayor transparencia en la asignación de los recursos. 

Finalmente, la participación de los inspectores municipales en el control de identidad y la fiscalización de medidas de protección es más cuestionable, pero bien regulada, puede ser un apoyo a las fuerzas policiales y ayudar a fortalecer la seguridad pública. Su colaboración en estas tareas permitiría optimizar los recursos policiales y mejorar el cumplimiento de normativas. Sin embargo, esto requiere una regulación clara, capacitación adecuada y supervisión efectiva.