Cadem: 58% desaprueba la labor de la Fiscalía en caso ProCultura y 45% está de acuerdo con remoción de Cooper

Cadem: 58% desaprueba la labor de la Fiscalía en caso ProCultura y 45% está de acuerdo con remoción de Cooper

En el mismo tenor, un 31% asocia el caso al exdirector de la fundación, Alberto Larraín, mientras que un 30% lo relaciona con el Presidente Gabriel Boric.

Ocho regiones, 18 convenios y $5.866 millones adjudicados: estas son las cifras clave que el Ministerio Público ha presentado insistentemente ante distintos juzgados de Garantía del país para avanzar en su investigación sobre la fundación ProCultura, bajo sospecha de delitos como lavado de activos, fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.

El ente persecutor lleva casi dos años construyendo el caso, que ha derivado en la incautación de teléfonos celulares, interceptación de comunicaciones (“pinchazos”) y levantamiento del secreto bancario de decenas de involucrados.

Hace poco más de una semana, la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un fallo, que posteriormente gatilló la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación del denominado caso.

Esto tras acoger un recurso de amparo presentado por la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, cuyo celular fue intervenido por la PDI luego de una solicitud del referido persecutor, y que entre las escuchas se incluyó una conversación con el Presidente Gabriel Boric.

58% desaprueba labor de Fiscalía

En ese contexto, la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, dio a conocer que un 58% de los consultados desaprueba la labor del Ministerio Público en ProCultura.

De igual modo, un 45% se mostró de acuerdo con que Cooper fuera apartado de la investigación por “los errores cometidos en la escucha telefónica a Josefina Huneeus”.

En el mismo tenor, un 31% asocia el caso al exdirector de la fundación, Alberto Larraín, mientras que un 30% lo relaciona con el Presidente Gabriel Boric.

En tanto, un 43% piensa que las irregularidades o posibles delitos en el uso del dinero de Procultura fue por negligencia, mala administración, beneficio personal de Larraín y funcionarios de la fundación, así como para financiar de manera irregular actividades políticas.

Cabe recordar que el epicentro de las primeras alertas fue la comuna de Antofagasta. A mediados de 2023, explotó la arista Democracia Viva -fundación vinculada a Revolución Democrática-, que había obtenido de forma directa tres convenios por $426 millones para intervenciones en campamentos. En ese contexto, el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras (hoy en prisión preventiva), reveló que ProCultura también había recibido recursos bajo el mismo modelo.

En los convenios investigados se repite un patrón: el total del dinero era entregado por adelantado, en una sola cuota y sin garantías. En el caso de ProCultura, los primeros antecedentes apuntaban a $500 millones asignados en esas condiciones.

Con el avance de la investigación, el Ministerio Público detectó que, en 2022, el gobierno regional de Antofagasta, ligado al oficialismo, había adjudicado $629 millones adicionales a ProCultura para un programa de recuperación de fachadas. Las sospechas luego se extendieron a convenios en otras regiones como Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.

Dicho caso forma parte de un conjunto de indagatorias a nivel nacional por presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos a fundaciones privadas, que han sacudido al mundo político y generado un debate sobre la regulación de los convenios y los controles internos del Estado.

La Fiscalía sigue acumulando antecedentes, mientras crece la expectación sobre los próximos pasos judiciales y las posibles responsabilidades penales y políticas derivadas de este amplio entramado.