La Moneda no logra desprenderse del caso ProCultura: siguen desmarques por teoría de "espionaje"

La Moneda no logra desprenderse del caso ProCultura: siguen desmarques por teoría de "espionaje"

Durante los últimos días, La Moneda ha buscado cerrar su participación en la discusión respecto al caso ProCultura. Sin embargo, tras los últimos antecedentes y pese a sus intentos, la controversia sigue golpeando la puerta de Palacio.

Cabe mencionar que en esta oportunidad el flanco abierto no viene desde el interior de algún ministerio, tampoco de alguna autoridad del Ejecutivo, sino que se trata del Frente Amplio.

La tienda política, en la que milita el Presidente Gabriel Boric, ha tenido un actuar errático, según tildan algunas personalidades que ven la polémica desde afuera.

De esta manera, hoy se cumple una semana desde que se conoció una conversación -interceptada- entre el jefe de Estado y Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura.

Y, a pesar de que el lunes hubo un comité político ampliado en donde se abordó largamente la polémica, el oficialismo parece estar bastante desordenado.

La teoría del “espionaje político” en caso ProCultura

Así, durante el fin de semana pasado, el Frente Amplio emitió un comunicado en el que se hablaba de “espionaje político”.

Sin embargo, de esta teoría se desprendió el candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, y varios otros parlamentarios. Asimismo, el propio gobierno optó por distanciarse de dicha tesis, buscando moderar el conflicto con el Ministerio Público tras las tensiones -en torno a las filtraciones- que hubo entre ambos poderes del Estado.

En arena política, los cuestionamientos por el planteamiento realizado por el Frente Amplio tienen en la mira a la presidenta del partido, Constanza Martínez, quien a inicios de semana salió a respaldar la teoría.

Martínez argumentó que la escucha fue indebida, ya que el teléfono no estaba a nombre de Huneeus y la interceptación apuntaba a conversaciones de Larraín.

Pero, eso no es todo. Posteriormente, la timonel del Frente Amplio abrió un nuevo flanco, endosando responsabilidad a otro partido, ya que indicó que ProCultura no está ligada a su tienda, y que quienes son investigados son exmilitantes de la Democracia Cristiana, entre ellos el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, y el propio Alberto Larraín.

Frente a este escenario, este jueves, en medio de un desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, uno de los rostros del Frente Amplio en el comité político de ministros y una voz importante al interior de la colectividad, optó por el silencio. No tuvo ninguna palabra sobre la tesis del espionaje, ni tampoco sobre el enredo de su partido.

La secretaria de Estado solo se limitó a plantear que en el Ejecutivo -tal como lo señaló el propio mandatario- existe tranquilidad en cuanto a descartar algún tipo de ilícito por parte del gobierno.

Además, agregó que la visión del partido es un tema que debe responder la propia presidenta del Frente Amplio, plegándose a la visión previamente planteada por otras autoridades de La Moneda.

Posteriormente, ya en el punto de prensa, en el que participaron los ministros que asistieron a la actividad, la titular de La Mujer nuevamente fue requerida por el tema.

Ante la consulta, la autoridad inició su intervención con un dardo a la prensa presente en el lugar y nuevamente eludió la pregunta, repitiendo lo planteado anteriormente, en cuanto a que la situación de ProCultura es algo que se debe investigar.

Por el contrario, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, desmarcó de lleno al Ejecutivo de la acusación de espionaje político.

De hecho, indicó que si hubiese existido, ya se habrían querellado al respecto. “No tiene connotación jurídica”, sostuvo el secretario de Estado, indicando que la tesis carece de validez.

Por otro lado, pese al desmarque que hubo de personeros del propio Frente Amplio sobre la tesis de “espionaje político”, en la tienda hay quienes concuerdan en que es preocupante “el número de pinchazos que hay, que es muy elevado para una causa”.

Así, la idea que plantean es que podría existir utilización de mecanismos, que consideran medidas intrusivas, para fines que eventualmente pudieran no ser los de investigación.

Al respecto se refirió la diputada Lorena Fries (FA), quien deslizó la posibilidad de que detrás de este tipo de medidas exista algún grado de intencionalidad.

En tanto, la diputada y jefa de la bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, fue más lejos, y acusó que con este caso se está buscando desviar la atención mediática de lo que ocurre con el caso Hermosilla.

Caso ProCultura en el Congreso

La controversia por las últimas filtraciones en torno a ProCultura nuevamente colocaron la atención en medidas que estaba llevando a cabo el Congreso.

En ese sentido, se esperaba que ayer se votara el informe que emanó de la Comisión Especial Investigadora del caso, instancia que finalizó su trabajo a fines de marzo, antes de que el debate estallara nuevamente.

El informe establecía a ciertos responsables, como a Miguel Crispi, en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional, y al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Sin embargo, el documento no se votó, por lo que se espera que sea votado en la próxima sesión de sala.

En paralelo, está agendada una sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar el caso, proyectada para el próximo lunes a las 19:30 horas. Ante esto, en la oposición, diputados como Andrés Longton (RN) instaron a la participación de ministros en la instancia.

Su par de la misma colectividad, Camila Flores, apeló al desarrollo de la sesión especial como un espacio en el que puedan obtener mayor información del caso, dada la gravedad del mismo.

En tanto, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, indicó que es importante que el Fiscal Nacional destine a Cooper como el fiscal exclusivo a cargo de las indagatorias.

Así, en el sector apelan por formalizar la petición de que el Consejo de Defensa del Estado amplíe la querella por ProCultura. Incluso, el diputado Andrés Celis (RN), junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, avanzarán en interponer una querella en contra de Sebastián Balbontín, Alberto Larraín y pedirán que el Presidente de la República sea citado a declarar.