"Existe conflicto de interés": Los cuestionamientos por abogados de narcos contratados por Carabineros

"Existe conflicto de interés": Los cuestionamientos por abogados de narcos contratados por Carabineros

Un reportaje desarrollado por nuestra Unidad de Investigación reveló que dos exfiscales, Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, quienes hoy se dedican al rubro de manera particular, fueron contratados por la Dirección de Bienestar de Carabineros, habiendo recibido solo en mayo de 2025, pagos por más de $2.5 millones, de acuerdo con información del Portal de Transparencia de la institución policial.

El problema es que ambos juristas hoy se encuentran en la nómina que actualiza constantemente la Contraloría General de la República, en la que se incluyen abogados que representan a imputados por delitos contemplados en la Ley 20.000 (ley de drogas), lo que, de acuerdo con la normativa vigente, los inhabilita para desempeñarse en organismos del Estado.

De esta manera, ambos abogados forman parte del denominado “bufete verde oliva”, una lista de al menos 15 penalistas de alto perfil que representan a funcionarios policiales formalizados o investigados por hechos delictivos cometidos durante sus funciones.

De acuerdo con lo informado por la institución policial, los fondos para financiar estas defensas provienen de una mezcla de aportes de los propios funcionarios a la Dirección de Bienestar y recursos fiscales.

Debate por abogados de narcos contratados por Carabineros

La contratación de ambos exfiscales por parte de Carabineros —pese a sus vínculos con causas por narcotráfico— reabre el debate sobre los criterios de probidad y transparencia en el uso de recursos públicos, particularmente en instituciones encargadas de la persecución penal y el orden público.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que se ha formado un registro de especialistas y que aún no se han realizado contrataciones formales.

La autoridad también relevó que la legislación chilena tiene consideración para evitar que profesionales que representan causas sometidas a la ley 20.000 no puedan ser contratados por el Estado y, sobre eso, destacó que desde el Gobierno se encuentran en conversaciones con Carabineros para que evalúen ese punto en particular antes de que los efectos de ese registro de la Dirección de Bienestar de Carabineros, avancen.

Alejandro Peña fue jefe de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la fiscalía nacional, y en su rol como abogado particular, luego de salir del Ministerio Público, se presentó como representante de personas ligadas al crimen organizado.

Peña logró la absolución de Gianfei Shan, un empresario chino acusado de intentar enviar cocaína desde San Antonio a Róterdam, quien quedó absuelto del delito de tráfico de drogas y asociación ilícita por el cual la fiscalía buscaba 10 años de cárcel.

Esta forma de ejercer la profesión fue analizada por el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, quien considera que los abogados que trabajan en la administración del Estado, como funcionarios o empleados, no pueden defender a imputados por delitos relacionados con la Ley 20.000, debido a que existiría una incompatibilidad legal.

Sumado a lo anterior, Vergara cree que quienes defienden causas de narcotráfico no pueden representar a policías, ya que el narcotráfico es un delito y hay un conflicto de interés al defender a ambas partes, pues los policías persiguen a los delincuentes.

Lo anterior generaría un conflicto ético que está abordado en el Código de Ética del Colegio, que indica que hay conflicto de interés cuando un abogado interviene en asuntos adversos a otros clientes.

Por su parte, José Villalobos defendió a un ciudadano chino miembro de esta organización que buscaba trasladar droga: Chuepeng Du, quien finalmente terminó condenado como cómplice.

Frente a este escenario, Leonardo Moreno, abogado penalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, sostuvo que el artículo 61 de la Ley 20.000 prohíbe a los funcionarios con vínculos contractuales con el Estado defender a imputados en casos de narcotráfico, quedando por aclarar si exfiscales que ahora trabajan en el sector privado pueden ser contratados por el Estado.

Finalmente, el exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios e Investigación de Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, destacó que no está en discusión el dilema moral de que existan abogados que representen a narcotraficantes, dado que todas las personas tienen derecho a defensa, sino que es inconveniente -tal como indica la norma-, que instituciones del Estado contraten a este tipo de profesionales, sobre todo si es Carabineros.

Consultada por la contratación de exfiscales vinculados a causas por narcotráfico, Carabineros señaló que responde al deber de “resguardar los derechos” de sus funcionarios.

Explicaron que se trata de asesorías externas, sin vínculo laboral ni subordinación. Enfatizaron que la Ley 20.000 no aplica, ya que no se trata del ingreso a la planta. Además, justificaron la inclusión de Peña y Villalobos por su experiencia penal y trayectoria profesional.