Preocupación por "Ley Mordaza 2.0": podría sancionar filtraciones con cárcel, incluso a periodistas

Preocupación por "Ley Mordaza 2.0": podría sancionar filtraciones con cárcel, incluso a periodistas

Senadores del oficialismo y la oposición presentaron un -cuestionado- proyecto de ley que busca fortalecer la protección de antecedentes en los procesos penales, para evitar filtraciones como las ocurridas en los casos Audio, Monsalve, Sierra Bella y otros.

La iniciativa fue propuesta por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti. Y busca tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes de una investigación penal reservada.

El proyecto ha recibido diversas críticas, siendo calificado como una “Ley Mordaza 2.0”. Esto, rememorando lo que fue un fallido intento de norma en 2016, surgido tras los casos Penta y SQM, que afectaron a políticos de todos los sectores.

La Ley Mordaza (1.0) buscaba penalizar a los funcionarios públicos que no respetaran la reserva de las indagaciones, pero, además, a cualquiera que difundiera ese tipo de antecedentes, incluida la prensa. Algo similar a lo que sugiere la legislación que hoy sigue en tramitación en la Cámara Alta.

Argumentación de la “Ley Mordaza 2.0”

La nueva iniciativa surgió en la Comisión de Constitución del Senado, desde donde -según consignó La Tercera– abogan por un rápido trámite.

Esta se detalla en el boletín 17.484-07, donde legisladores argumentan que “recientes causas penales de alta cobertura mediática” como el caso Audio, Monsalve y Sierra Bella, “evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público“.

Por ello, agregan que “si bien la transparencia sigue siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de justicia, estos episodios demuestran la necesidad urgente de establecer límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones“. Los que vendría a erigir esta nueva ley.

De esa forma, además, senadores alertan por el daño que pueden causar las filtraciones a las distintas partes de un proceso judicial, apuntando que “ninguna filtración es desinteresada”.

“No cabe duda de que la filtración selectiva de antecedentes—a menudo antes de que sean ponderados en sede judicial― responde en muchos casos a intereses particulares ajenos a la justicia, afectando la presunción de inocencia, vulnerando la intimidad de víctimas, testigos e imputados, y comprometiendo el éxito de las investigaciones penales”, advierten.

Posible afectación a la prensa

Cabe destacar que actualmente ya hay leyes que sancionen a los actores del sistema que no cumplan con respetar la reserva de una causa penal. En esa línea, la crítica se dirige a que la nueva norma sancionaría a personas que no son parte del proceso, es decir, que no son funcionarios públicos.

En concreto, autores de la moción apuntarían a una modificación del Código Procesal Penal que podría ser aplicada a periodistas y quienes ejerzan ese rol en medios.

Esto, ya que en el boletín se explicita: “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”.

Así, al simplemente decir “el que”, sin detallar a quién refiere, se subentiende que podría aplicar para cualquier ciudadano que difundiera información bajo reserva.

No obstante, agregan que “esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando esta”.

Reclamo desde el Colegio de Periodistas metropolitano

Desde el Colegio de Periodistas metropolitano calificaron al proyecto de ley como una “amenaza” para el derecho a la información, llamando al Congreso a eliminar los artículos que “criminalicen” el ejercicio de los periodistas.

“El proyecto, al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática. Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos“, sostienen.

“Chile ha avanzado hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas, pero esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia. (…) Perseguir a quienes informan sólo atenta contra el rol esencial del periodismo“, agregan.

De esa forma, concluyen con un llamado “a la ciudadanía a defender la libertad de prensa como un derecho fundamental”.