Comienza juicio oral contra 18 imputados por licencias falsas: perjuicio se estima en $30 mil millones

Comienza juicio oral contra 18 imputados por licencias falsas: perjuicio se estima en $30 mil millones

Este martes 15 de julio comenzó el juicio oral contra 18 imputados por su presunta participación en una red criminal responsable de emitir más de 80 mil licencias médicas. El perjuicio al Estado supera los $30 mil millones, y el Ministerio Público lo califica como el segundo mayor fraude desde la implementación de la reforma procesal penal.

La organización delictiva creó una estructura completa, trayendo profesionales desde Colombia para generar licencias falsas. Según la Fiscalía, el dinero obtenido de estas ventas era lavado o enviado al extranjero.

Asimismo, el Ministerio Público acusa a los involucrados de diversos delitos, como emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos.

La mayoría de los imputados son colombianos, incluidos 10 médicos. Estos crearon sociedades ficticias y cerca de 50 centros médicos inexistentes, utilizando domicilios particulares como supuestas consultas.

La red incluía captadores que ofrecían licencias por redes sociales y derivaban a los interesados hacia los médicos.

Líderes de la red y detalles de la emisión de licencias médicas falsas

Los cabecillas identificados por la Fiscalía son Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis, ambos colombianos. Según el ente persecutor, llegaron desde Barranquilla a Chile con el único propósito de delinquir. Compraron propiedades, vehículos y zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con sus nombres.

Jeffry Donado Alvis, hermano de una de las cabecillas, emitió más de 4 mil licencias médicas en apenas cinco días durante su estadía en Chile, y continuó emitiéndolas desde el extranjero durante seis meses más.

También se utilizaron testaferros para adquirir bienes con el dinero proveniente de las licencias emitidas entre 2020 y 2022. Estas se vendían entre $35 mil (de 1 a 11 días) y $75 mil (de 22 a 30 días) en el caso de FONASA.

Los montos aumentaban para ISAPRES, con valores que incluso alcanzaban los $95 mil.

Defensa niega participación de líder durante inicio de juicio por licencias

La abogada Doris Espinoza Torres, defensora de Samir Enrique Rivaldo Hernández —actualmente en prisión preventiva—, indicó que buscará acreditar que su representado no participó en todos los delitos que se le imputan, especialmente en los de asociación ilícita y lavado de activos.

“El señor Samir Rivaldo en Chile no tiene bienes, él no tiene sociedades en donde haya reinvertido algún tipo de dinero. Lo que sí se va a poder acreditar es que el señor Samir Rivaldo remitía fondos desde Chile hacia Colombia, dirigidos principalmente a sus familiares, y, por lo tanto, consideramos que más bien es un consumo y no un lavado activo“, aseguró.

El abogado querellante Rodrigo Varela, representante de ALTO Inmunne, calificó el inicio del juicio como un hito y expresó que espera penas elevadas que sienten un precedente.

“El ideal en esto es que sean penas ejemplificadoras y disuasivas respecto a demás personas, tanto médicos, captadores, administrativos como los propios afiliados, para que no cometan este tipo de fraude”, manifestó.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, valoró el inicio del juicio oral, que podría extenderse por varios meses. Además, informó que siguen buscando, con notificación en Interpol, a quienes se fugaron tras ser formalizados al inicio de la causa. La estrategia del Ministerio Público se mantendrá en reserva.

“Formalizaciones en ausencia no existen, sobre la base de que hay personas que ya fueron formalizadas y que, estando con medidas cautelares que no eran la prisión preventiva, se dieron a la fuga. Por lo tanto, la formalización ya existe respecto de ellos. Lo que está pendiente son las órdenes de detención“, explicó el fiscal Pérez.

Los imputados arriesgan penas que van desde 5 hasta 27 años de cárcel por los delitos acumulados. En total, son 18 acusados: 11 colombianos y 7 chilenos, de los cuales tres fueron extraditados desde Colombia en 2023.