Jadue se queda sin abogado particular y recurrirá a un defensor público: no puede pagar uno privado
La defensa de Daniel Jadue comunico a la justicia que, de mutuo acuerdo, se decidió poner término al patrocinio legal del exalcalde de Recoleta, ya que el exjefe comunal no podría seguir pagándole al abogado Juan Carlos Maríquez.
Mediante un documento, también se solicita al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que se notifique a la Defensoría Penal Pública para que se le pueda asignar un defensor público.
En el texto firmado por el abogado es que se señala que “la situación personal, familiar y profesional del Sr. Jadue Jaude; su larga privación de libertad y su imposibilidad real de procurarse un trabajo remunerado (…) le hacen imposible contar con una defensa técnica privada remunerada”.
Daniel Jadue se queda sin defensa privada: no tendría para pagar
Con todo, se reiteró que la decisión fue tomada de común acuerdo entre Jadue y su equipo legal.
Además, se estableció que “no hay obligaciones profesionales no honorarios pendientes, expresando -Jadue- el agradecimiento por los servicios prestados”.
Finalmente, la ahora exdefensa pidió a la Justicia “notificar a la Defensoría Penal Pública de la renuncia (…) y notificar a dicha institución para que designe un defensor penal público al Sr. Oscar Daniel Jadue Jadue”.
En el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que el exalcalde volviera a su arresto domiciliario total.
Esto luego que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Por ello, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes particulares del caso pidieron la revocación de esto último, a lo que dio lugar la Corte.
Desde el tribunal de alza argumentaron la decisión por el “carácter y multiplicidad de ilícitos imputados”, el perjuicio involucrado y la capacidad de influencia de Jadue.
Además, los antecedentes “sociales, laborales y psicosociales” de la defensa serían insuficientes para mantener una medida de menor intensidad.
Por ello, la Corte aseguró que se justifica mantener el arresto domiciliario total como medida cautelar.
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