Menos permisología más Desarrollo

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

Menos permisología más Desarrollo

La “permisología” en Chile se ha transformado en una barrera para el desarrollo. Durante el último tiempo se ha acuñado este concepto para referirse a los problemas aparejados al exceso de trámites que se solicitan para el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura, así como los extensos plazos de tramitación.

Adicionalmente, diseños deficientes de organismos resolutivos han derivado en superposición de competencias y demora en la toma de decisiones, excesiva judicialización y la captura de grupos de interés. Todo lo anterior genera incertidumbre jurídica y dificulta el desarrollo de nuevos proyectos en Chile. Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) acerca de los permisos sectoriales claves para el desarrollo de proyectos de inversión -excluyendo aquellos que se tramitan dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- concluyó que pese a la heterogeneidad se observa una notable extensión en los plazos de tramitación, alcanzando un promedio de 17 meses en el caso de los permisos de mayor complejidad, con una tasa de rechazo cercana al 40%. 

Por el contrario, los permisos de menor complejidad, que se utilizan de manera intensiva, se tramitan en plazos más cortos (aproximadamente 2 meses en promedio) y tienen una baja tasa de rechazo (15%). Un gran número de las iniciativas de inversión requieren, además de obtener sus permisos sectoriales, someterse al SEIA. De acuerdo al informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial en el año 2023, el SEIA tomó, en promedio, 405 días para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y 646 para su rechazo. 

A dichos plazos habría que sumarle las rondas posteriores de reclamación administrativa y judicial. El tiempo promedio de las sentencias en primera instancia es de 381 días corridos y se suman otros 314 días a los casos que llegan a la Corte Suprema. Hasta el primer semestre de 2023 y desde la existencia del SEIA, 187 proyectos de inversión aprobados se han judicializado, representando US$51.088 millones . 

Finalmente, y según da cuenta el mismo informe, una reducción de un tercio en el plazo promedio de tramitación de los permisos implicaría un aumento del PIB de 2,4% en 10 años . Así, un sistema de permisos engorroso, poco predecible y excesivamente extenso, se erige como una suerte de impuesto indirecto a la inversión. 

Teniendo en cuenta este contexto, se aprobó un proyecto de Ley para desmantelar la permisología, generar incentivos efectivos para el cumplimiento de los plazos administrativos y imitar la judicialización temeraria tanto en el SEIA como en los permisos sectoriales. Soprendentemente ante esta aprobación 42 diputados del gobierno presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional, esperamos este reclamo no sea admitido y pronto se pueda aplicar esta ley que aunque parcialmente , sin duda ayudara a aumentar la inversión y la generación de nuevos empleos ante la crisis laboral que enfrentamos sobre todo en jóvenes y mujeres.