Caso SQM: Reanudan juicio y hoy imputados podrían declarar ante el tribunal

Caso SQM: Reanudan juicio y hoy imputados podrían declarar ante el tribunal

Hasta las 11 horas de hoy estará en receso en el Tercer Tribunal de Juicio Oral la audiencia contra los ocho acusados del caso SQM, en el que se indaga presuntos delitos de corrupción por el financiamiento irregular de la política.

En la instancia, los imputados pueden declarar ante el tribunal, si así lo quisieran.

Entre los imputados están el exsenador de la UDI, Pablo Longueira; el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

Además de Carmen Valdivielso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de MEO; Roberto León, exdiputado, y Marcelo Rozas, antiguo asesor de SQM.

La Fiscalía Regional de Valparaíso solicita diversas penas para los acusados: en contra de Contesse 7 años de presidio, 818 días de reclusión menor en su grado medio, cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargo u oficio público en su grado medio, multas por $1.192.543.235, $88.752.235 y $242.222.220; Cavieres 4 años de presidio, multa de 10 Unidad Tributaria Anual (UTA); Ominami 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTA.

En tanto, para Warner piden 5 años de presidio menor en su grado máximo, multas por $3.499.203 y 20 UTA; Rozas, 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTA; León, 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 10 UTA.

Finalmente, para Longueira piden 818 días de reclusión menor en su grado medio, multa de $ 242.222.220, mientras que para Valdivielso 818 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTA.

Se espera que se dicte sentencia durante octubre.

Longueira

De acuerdo con El Mercurio, el exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera dijo que "esta es una persecución política y no penal. No hubo una sola prueba después de más de 10 años y no hubo porque jamás existió el delito. En el libro relataré muchos otros acuerdos en que participé y muy particularmente este que me llevó a juicio", afirma.

Enfatizó que "logré un acuerdo para una nueva ley del Royalty cuando el país estaba devastado porque el mismo día que se rechazaron todos los artículos del Royalty de la ley que aumentaba impuestos para financiar el terremoto los ministros Felipe Larraín, Cristian Larroulet y Laurence Golborne me lo pidieron. Eso me obligó a conversar con las empresas (...) y esa ley aportó 2.300 millones de dólares a la reconstrucción. Como nunca cometí delito alguno, solo espero que me absuelvan y me declaren inocente, aunque se que ya nada reparará el daño que le han hecho a mi familia".

ME-O

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, aseguró que espera que, tras el veredicto final, pueda competir en igualdad de condiciones, "sin el peso de una causa que nunca debió existir". Describió la experiencia como "agotadora".

El candidato reiteró que concurrirá a la última sesión del juicio, evaluando con sus abogados si ejercerá su derecho a palabra, y subrayó que mantiene plena confianza en los tribunales y en el estado de derecho. "Concurriré de manera ciudadana, dando ejemplo de respeto al proceso judicial y a la legalidad", aseguró.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de su plan "Soberanía e Integridad Tarifaria", aunque durante la actividad también se refirió a otros temas de interés público, incluyendo la crisis eléctrica y las propuestas de recorte fiscal planteadas por otros candidatos, a las que calificó de irresponsables y sin sustento concreto.

Enríquez-Ominami criticó específicamente los planes de recorte fiscal de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano), calificándolos de “irresponsables” y advirtiendo que reducir decenas de miles de millones de dólares sin explicar cómo se financiarían ni qué políticas sociales se verían afectadas es “una manipulación frente a los chilenos”. Según el candidato, este tipo de propuestas carece de base técnica y pone en riesgo programas esenciales para la ciudadanía.