Sueldos, arriendos, viáticos y choferes: los $2 mil millones que gastó fiscalía en el caso SQM

Sueldos, arriendos, viáticos y choferes: los $2 mil millones que gastó fiscalía en el caso SQM

Más de 2 mil millones de pesos gastó el Ministerio Público en el juicio más largo de su historial: el del caso SQM. Tras 558 días de audiencias, Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami, entre otros acusados, debieran conocer su veredicto antes de que termine esta semana.

Según información recabada por BBCL Investiga, entre enero de 2016 (con Jorge Abbott a la cabeza del organismo) y julio de 2025, el organismo persecutor destinó cuantiosas sumas a remuneraciones de fiscales y funcionarios, además de viáticos, camionetas con chofer, servicios de traslados y arriendos de oficinas.

“Se gastaron más que todo el supuesto perjuicio fiscal”, cuestiona una fuente cercana al proceso judicial. “Para esa plata el desempeño fue pésimo, incluso una fiscal en que se invirtió para que tuviera dedicación exclusiva se jubiló a inicios del juicio”.

Honorarios

De acuerdo con información a la que accedió este medio, actualmente hay una persecutora con dedicación exclusiva al caso. Se trata de Paola Castiglione González, quien recibe —desde que fue designada en 2016— ingresos mensuales por $6,9 millones. Su sueldo solo era superado por Carmen Segura Gómez, quien jubiló en junio de 2024, en medio del juicio. Percibía $7,4 millones mensuales.

Quien también dejó su cargo, eso sí como fiscal preferente de la causa, es Rolando Ramírez Arredondo. Ganó $6,9 millones desde su designación en julio de 2017 hasta 2024, cuando fue reemplazado por Víctor Ávila, con la misma remuneración.

El equipo que investiga el financiamiento irregular de la política también incluye al abogado José Tomás Matus. Posee honorarios mensuales de aproximadamente $2 millones de pesos brutos; mientras que la abogada Fernanda Jofré Seguel también recibe $2 millones. Más atrás le siguen la abogada Priscila Espinoza Crisóstomo, con $1,7 millones y Felipe Sebastián Ivani Ortega, con $1,8 millones.

En los documentos revisados por esta Unidad de Investigación, también aparecen honorarios mensuales de funcionarios que ya no trabajan actualmente en el caso. Por ejemplo, el abogado Klaus Dreckam Kimelman llegó a ganar $1,6 millones en 2019. De la misma forma, el abogado German Klug Maturana llegó a ganar $1,6 millones en 2017. La abogada María Jesús Rojas Vera, por su parte, llegó a ganar $1,5 millones en 2016.

59 millones en viáticos

Los viáticos también han representado una arista significativa en los gastos del órgano persecutor durante todo el proceso judicial. En concreto —a través de Transparencia— se accedió al costo en este ítem de los fiscales con dedicación exclusiva o preferente de la causa.

Por ejemplo, el Ministerio Público ha desembolsado en la fiscal Paola Castiglione, un total de $21 millones, desde 2016 hasta julio de 2025. Le sigue el fiscal preferente Víctor Ávila con $5,4 millones.

De igual manera, en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se han gastado 3 millones de pesos en viáticos. Por otra parte, —según la documentación revisada por BBCL Investiga— en la ex fiscal Carmen Segura se desembolsó una cantidad de tan sólo $125 mil por unas reuniones que se llevaron a cabo en la fiscalía de la ciudad porteña (registraba domicilio en la región Metropolitana).

Hasta julio de este año, el órgano persecutor gastó otros $4,5 millones en viáticos de funcionarios no exclusivos o preferentes que trabajaron en el caso de forma esporádica. El gasto anual de 2024 se elevó hasta los $10,5 millones de pesos. En suma, la fiscalía desembolsó la cantidad de $59,8 millones de pesos en viáticos.

Gastos en traslado

En los datos revisados por BBCL Investiga, se indica que para efectos de traslado de los equipos investigativos de la región de Valparaíso, se arrendó una camioneta con chofer incluido. En concreto, —desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2024— se suscribió un contrato con la empresa Piamonte S.A.

Con esta empresa, se gastó un total de $8,7 millones entre contratos originales y posteriores prórrogas.

Según la información recabada, a contar del 1 de marzo del 2024, la empresa que presta este servicio es Autorentas del Pacífico SPA. Hasta la fecha, se han gastado $4,2 millones en el acuerdo con esta empresa.

Arriendo de oficinas

El arriendo de oficinas también corresponde a una arista importante dentro de los gastos de la fiscalía. El órgano persecutor —entre mayo de 2015 y febrero de 2018— arrendó oficinas ubicadas en un edificio de Santiago, en la calle Teatinos 950.

Las dependencias situadas en el piso seis del inmueble fueron destinadas al trabajo exclusivo de los profesionales a cargo del caso, el “Equipo SQM”. Su costo mensual giró en torno a las 82 UF mensuales, que en la actualidad corresponden a un poco más de $300 mil pesos aproximadamente.

Del mismo modo, el Ministerio Público —entre febrero de 2015 y febrero de 2024— también arrendó oficinas ubicadas en el piso cinco de un edificio ubicado en calle Agustinas 1070, región metropolitana. Las dependencias fueron utilizadas también para el trabajo de equipos de investigación que trabajan causas complejas y para las unidades de corte de la fiscalías regionales.

Según se detalla en la información revisada, se efectuaron pagos mensuales entre los $3 y $5 millones por oficinas de dicha locación.

Sumas millonarias

Así las cosas, “el gasto total del Ministerio Público en el señalado caso, en el período comprendido entre octubre de 2016 y julio de 2025, asciende a $ 2.043.284.876″, reza la información emanada desde la Unidad de Administración y Finanzas de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Después de casi tres años de juicio oral, a punto de conocer el veredicto, es increíble que el Ministerio Público haya gastado, y siga gastando, sumas millonarias en un proceso eterno, en que las multas que piden son inferiores a los costos del juicio. Y hay que considerar, además, los 11 años de investigación”, dicen los abogados de Ominami, Ciro Colombara y Aldo Díaz.