Mejor Niñez detecta que fondos para menores vulnerables iban a bolsillos de sus propios funcionarios

Mejor Niñez detecta que fondos para menores vulnerables iban a bolsillos de sus propios funcionarios

Millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas fueron mal utilizados por funcionarios de Mejor Niñez, incluso para fines personales, replicando la cultura Sename. Se investiga el destino de $2 mil millones y el caso se suma al hacinamiento en hogares del Estado.


Más de $2 mil millones están siendo revisados “peso a peso” por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que en 2021 reemplazó al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename), ante un indignante caso de mal uso de platas públicas destinadas a cubrir necesidades básicas de menores en situación de vulnerabilidad, que están bajo los cuidados del Estado y que —en palabras del Presidente Gabriel Boric— “han protagonizado un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente”.

Se trata de casi la mitad de los $4.500 millones que el servicio, también conocido como “Mejor Niñez”, desembolsó para comprar “gift cards” canjeables en tiendas del retail y que se implementaron precisamente para ir dejando atrás el estigma del Sename y las burocráticas compras públicas. El tema es que, tal como lo definió la directora nacional subrogante del organismo, Victoria Becerra, un “descuido de los mecanismos de control y rendición de cuentas“, permitió a una funcionaria realizar compras personales con dichas tarjetas. Esto sería solo la punta del iceberg.

El caso, descubierto casi por accidente, fue alertado a la división regional de Arica del servicio por un vendedor de la tienda Ripley. Esto llevó a la realización de una auditoría interna a nivel nacional que todavía está en curso, a abrir sumarios que también están en desarrollo y motivó la presentación de denuncias ante Fiscalía, organismo que ahora investiga lo que sería un verdadero modus operandi que no hace más que recordar los peores episodios del Sename.

Las denunciadas compras en Arica no solo se suman a casos similares de mala utilización de fondos que han surgido en otras regiones como resultado de la auditoría interna, y que también están relacionadas con el uso de las “gift cards”, sino que además se agregan a los problemas que “Mejor Niñez” enfrenta. Al igual que el Sename, “Mejor Niñez” ha sido cuestionado por el hacinamiento en residencias estatales, casos de abuso sexual y proyectos con irregularidades detectadas por Contraloría.

Aunque Becerra habló de “hechos puntuales”, a propósito de las tarjetas, lo cierto es que lo sucedido en Arica no es un caso aislado. De hecho, hay dos denuncias más en el Ministerio Público y no se descartan nuevas acciones legales. Además del caso de las compras personales, se detectaron compras que no corresponden a los objetivos de las “gift cards”. Por ejemplo, en la adquisición de muebles para las residencias, algo que sí debería hacerse mediante el sistema regular de compras públicas. Esto también habría sucedido en el Maule y en Valparaíso.

A esto se suma la entrega al fiscal Xavier Armendáriz de un informe de auditoría en la Dirección Regional Metropolitana del servicio, por “eventuales hechos constitutivos de delitos que se puedan desprender de los hallazgos y conclusiones que en el referido informe se contienen”. Estos hechos hacen igualmente referencia a compras mediante el cuestionado sistema de tarjetas, pero, específicamente, con “montos objetados” y “tarjetas no habidas”, según detallan desde la Dirección Nacional, donde aún esperan los resultados de las auditorías que se realizan en La Araucanía y el Biobío.

El fantasma del Sename

La semana pasada, el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, elaborado por el Poder Judicial, que abarcó el segundo semestre del 2023 y que fiscalizó 275 de 290 instituciones, arrojó que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran “sobrepobladas”, pero si a esta cifra se suman las residencias que se encuentran con su capacidad total ocupada, “el porcentaje se aproxima al 57%”.

“Mejor Niñez” tiene la tarea de transformar y rediseñar los programas heredados del Sename, para lo cual se estableció un plazo de cinco años que vence en 2026, pero la sombra del servicio anterior sigue vigente.

“Siempre he sido muy cuidadosa de los fondos públicos y mi intención como directora nacional subrogante es poder aclarar hasta el último peso de lo que se compró y para eso tenemos varias acciones que en el futuro queremos ir desplegando”, dijo a El Mostrador Victoria Becerra, quien llegó a la cabeza de “Mejor Niñez” tras la salida de Gabriela Muñoz en abril pasado.

El trabajo de la ingeniera comercial con experiencia en Fiscalía y los ministerios de Justicia y Educación, no ha cesado desde entonces, además en medio de duras críticas de la Defensoría de la Niñez, donde Victoria Becerra también trabajó. “Ha habido un abandono del Servicio de Protección”, le dijo hace unos días a la prensa el actual jefe de la Defensoría, Anuar Quesille.

Con todos los desafíos que enfrenta el ex Sename, para la actual directora nacional (s) no hay opción de volver al viejo sistema de compras. A su juicio, el de las “gift cards” es un buen instrumento, pero solo si es bien ejecutado. Por eso, a raíz de lo sucedido en Arica y por otras situaciones detectadas en regiones, se procedió al retiro de las tarjetas a nivel nacional, para entregarlas “por goteo” y para compras específicas.

El objetivo, por ahora, es que las tarjetas no estén a libre disposición como lo estaban hace poco. Esto, asegura Becerra, no interrumpiría ni ralentizaría las compras, sobre todo de cara a la llegada del invierno.

La situación es dolorosa y provoca una rabia que, a juicio de la directora del servicio, es “desmoralizante” para quienes hacen bien su trabajo al interior de la administración estatal, aunque afirma que también es un sentimiento que moviliza a tomar acción. Por eso los antecedentes del caso de Arica fueron entregados al Ministerio Público y a la Contraloría.

El ticket de cambio
No se descarta que haya casos similares anteriores, pero las alertas se encendieron recién a inicios de este año, cuando la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Arica y Parinacota interpuso una denuncia ante la Fiscalía, por irregularidades relacionadas con el uso indebido de fondos destinados a programas de asistencia a jóvenes vulnerables.

La denuncia, formulada mediante carta reservada y fechada el 5 de enero de 2024, detalla una serie de hechos que apuntan a la posible comisión de delitos relacionados con la falta a la probidad administrativa por parte de una funcionaria identificada como María Eugenia Pinto Cortéz, quien se desempeña como jefa del Departamento de Administración y Soporte en la Dirección Regional del Servicio.

De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, durante la última semana de diciembre 2023, en el contexto de labores de reemplazo de un terapeuta ocupacional, a la también funcionaria Camila Kalise Vásquez se le encargó la responsabilidad de realizar compras de regalos de Navidad y vestuario para jóvenes de la residencia familiar femenina Luis Beretta Porcel. Estas compras se llevaban a cabo mediante las tarjetas de regalo (“gift cards”) en la tienda Ripley de la ciudad.

Sin embargo, durante una de estas compras, un vendedor de la tienda alertó a Vásquez sobre la presencia frecuente de una mujer que utilizaba las mismas tarjetas de regalo para adquirir ropa adolescente, especialmente deportiva, y luego retornaba al día siguiente para cambiar dichos productos por artículos de uso personal y –según la denuncia– “no para jóvenes” beneficiarios del programa.

La denuncia, presentada con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si constituyen o no delito, incluye como anexos videos, fotografías y dos cartas entregadas por la misma funcionaria, en las que relata los sucesos denunciados.

Ante estos graves señalamientos, se espera que la Fiscalía inicie prontamente una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes en caso de confirmarse el mal uso de los recursos públicos destinados a la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

“Error de implementación” y “cultura Sename”
En conversación con este medio, Victoria Becerra recalcó que, si bien la compra de ropa, calzado e incluso comida a través de las “gift cards” es hoy una práctica común en las residencias administradas por los funcionarios del servicio –ya que este sistema no aplica en los hogares que administran colaboradores del Estado, “la mayoría”, enfatiza la directora nacional subrogante–, los hechos denunciados en Arica revelan un “error de implementación”.

La actual directora nacional (s) de “Mejor Niñez” destacó que hubo una gran compra de tarjetas en 2021, por lo que también preocupa el vencimiento del saldo en ellas, aunque remarca que fue en 2023 cuando se hizo la compra más importante de los canjes.

El objetivo, según explicó Becerra, es establecer, ahora sí, un estricto mecanismo de control con pólizas a nombre de los funcionarios, que permitan tener responsabilidad con los recursos entregados y que las rendiciones sean realizadas permanentemente.

Si bien la indagatoria de la Fiscalía determinará las responsabilidades pertinentes, la directora subrogante “Mejor Niñez” sostiene que “no es que se esté robando”, pero sí reconoce que se están “mal utilizando” los recursos públicos.

No obstante, sobre el caso de Arica, remarca que todavía hay muchas personas que trabajaron en Sename y que están en el servicio, por lo que en su opinión “todavía puede existir una cultura de Sename”, aunque, resaltando que el antiguo servicio está “un poco estigmatizado”, agrega que “que dándole las herramientas a una persona uno puede sacar lo mejor de ella” y en eso confía.

“Ha faltado dirección en esta implementación del servicio, ha faltado una dirección que sea con un liderazgo claro respecto de los derechos de los niños”, sostuvo, junto con advertir que “pensar más en la oferta que en los niños” es algo que ha desencadenado este camino, pero expresa tener “toda la fe y la esperanza” en que eso cambie.

“Triplicar el esfuerzo”
Haciéndose cargo de las críticas, consultada por si “Mejor Niñez” da abasto ante esta tarea, Becerra remarca que el 90% de los proyectos están a cargo de organismos colaboradores, junto con afirmar que hay una gran diferencia respecto de lo que existía en Sename.

“Mucho se habla de que no hemos cambiado nada, que estamos peor que Sename, pero la realidad está muy lejos de eso”, asegura, añadiendo que si bien hoy surgen muchas más observaciones, esto se debe a que “nuestros estándares son muchísimo más altos que los que existían en Sename”. Becerra pone el foco en que, por ejemplo, se terminó con los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), que “tenían 200 niños” en un hogar y “hoy día hablamos de residencias que tienen 12 niños”.

Ante el informe del Poder Judicial, la directora nacional subrogante reconoce que hay casos en los que sí hay “algunos problemas de hacinamiento”, pero –dice– “son casos aislados, principalmente en el norte, que también tiene que ver con el fenómeno migratorio”. Pero, a su juicio, “la diferencia es importante respecto de la calidad de lo que entregábamos cuando el servicio antes era Sename”.

“Mi interés es sincerar la capacidad que puede tener el servicio para poder generar esa supervisión, porque hoy en día, si nos dicen que del 100% del servicio nosotros somos capaces de supervisar un X, mi idea es que nosotros podamos decir a la Contraloría, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Hacienda a cargo de los recursos, que el servicio es capaz de supervisar al menos el 30% de los proyectos con esta dotación”, explica.

Y añade que, “si queremos que se supervise el 100%, evidentemente tenemos que triplicar la cantidad de supervisores que tenemos a nivel nacional”.

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