Caso Tomás Bravo: Defensoría presenta amparo y denuncia riesgo para libertad de tío abuelo del menor

Caso Tomás Bravo: Defensoría presenta amparo y denuncia riesgo para libertad de tío abuelo del menor

El Tribunal Oral de Cañete rechazó la reprogramación del juicio en el caso Tomás Bravo, desestimando la solicitud de la Defensoría que argumentó la licencia médica de dos de los tres defensores que representan al acusado Jorge Escobar.

Tras el revés, el organismo presentó un recurso de amparo, el que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones.

Fue en una audiencia el lunes pasado que el jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Cristian Sleman, hizo la petición, informando de las licencias médicas extendidas por dos abogados del equipo de defensa del acusado, el tío abuelo de la víctima.
Se trata de Pedro Aguiler, el defensor titular en el caso Tomás Bravo, ausente por enfermedad desde hace tres meses y con una posible extensión de la licencia por otros 30 días, además del defensor regional, Osvaldo Pizarro, actualmente recuperándose de una cirugía y con permiso hasta fin de mes.

A pesar que ni la Fiscalía ni los querellantes se opusieron, el Tribunal Oral rechazó la solicitud y confirmó el inicio del juicio para el próximo 23 de julio, señalando que había un defensor disponible y que además el organismo tenía tiempo para preparar un segundo abogado, como lo señaló el juez Rodrigo González-Fuente en la audiencia.

La resolución no fue del gusto de la Defensoría, que llevó el tema a la Corte de Apelaciones de Concepción, a través de un recurso de amparo.

El jefe de Estudios, Cristian Sleman, explicó que la decisión del Tribunal Oral de Cañete pone en riesgo la libertad de Jorge Escobar.

El tío abuelo de la víctima arriesga efectivamente 10 años de cárcel por el delito de abandono de menor, ilícito por el que el Ministerio Público buscará probar con pruebas que incluyen el testimonio de 54 personas entre testigos y peritos.

Asimismo, se proyecta que el juicio se extienda -al menos- por cuatro semanas, aunque la la estimación de la Fiscalía es de dos meses o más.

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