Frank Sauerbaum
Diputado por Ñuble
Necesitamos más o menos empleados Públicos?
En el último tiempo, se ha instalado una discusión en torno al aumento de los trabajadores en el sector público, al tiempo que la creación de empleo asalariado privado se desacelera. Sin embargo, Chile no cuenta con un registro preciso del número de empleados públicos. En nuestra región de Ñuble se calcula que solo para terminar la instalación de la región con todos sus servicios faltan aproximadamente 1.500 personas.
Los resultados de los últimos estudios muestran que hay un aumento del empleo público y que no es un fenómeno reciente, ya que se presenta una tendencia al alza desde que existen datos comparables y sólo entre 2013 y 2023 el crecimiento ha sido de 46%. Dado el sostenido aumento del personal y del gasto fiscal asociado, es fundamental modernizar el marco legal que regula el trabajo en el sector estatal, de modo de lograr que ello se traduzca en más y mejores prestaciones a la ciudadanía.
En la última década los datos disponibles exhiben un alza sostenida de los trabajadores del Estado, lo que ha generado, a su vez, un incremento en el costo fiscal de mantener a casi 900 mil funcionarios. Dado que el gasto en personal representa aproximadamente el 20% del Presupuesto de la Nación, surge especial preocupación por el uso eficiente de los recursos y la necesidad de modernizar su regulación laboral.
Es por ello que es fundamental contar con una agenda de modernización del empleo público. Si bien estos esfuerzos han impulsado algunas prácticas positivas, tales como la introducción del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) hace 20 años atrás, todavía existen amplios espacios de mejora que contribuirían a reforzar el prestigio de la función pública, además de aumentar la confianza ciudadana. En los últimos años, sólo se registra un intento de reforma al empleo público por parte de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, pero no siguió su trámite en el Congreso.
La principal necesidad es modernizar el Estatuto Administrativo. Primero, para terminar con la inmovilidad de los funcionarios, especialmente aquellos mal evaluados y, segundo, por la falta de incentivos para mejorar el desempeño, lo que se debe en gran medida a la complejidad de los procedimientos asociados a la promoción de funcionarios entre instituciones del Estado.
Estas falencias traen como consecuencia directa incrementos en la dotación de personal (principalmente en cambios de gobierno) sin que ello se traduzca en una mejora de la atención a los ciudadanos. Lamentablemente, esta discusión, pese a contar con el acuerdo de expertos, ciudadanos y los propios funcionarios, no se ha materializado en proyectos de ley que puedan avanzar en el Congreso. En resumen el empleo público ha crecido sostenidamente en la última década.
Hoy, si se incluyeran los funcionarios que se desempeñan en las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, probablemente superen el millón de personas. Actualmente, el 20% del Presupuesto de la Nación corresponde a gasto en personal, por lo que modernizar la regulación del Estatuto Administrativo, dejando atrás la inamovilidad de los funcionarios públicos y la falta de incentivos que promuevan un mejor desempeño de los mismos, se vuelve esencial.
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