Violencia Escolar

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

Violencia Escolar 

De acuerdo con los resultados de la última encuesta CEP, el control de la violencia escolar se percibe como el problema más importante que están enfrentando las escuelas del país, muy por sobre la mejora del rendimiento académico o la equidad. Y es que en los últimos años los episodios de este tipo han visto un aumento. 

Respecto de los docentes, insultos, violencia física, amenazas e intimidación por redes sociales son las situaciones que denuncian con mayor frecuencia . Mientras que las agresiones o maltrato entre los propios estudiantes representan la mayor proporción de casos denunciados ante las autoridades educativas, dejando ya muchas escuelas de ser espacios seguros y propicios para los aprendizajes. 

Los índices de violencia han ido escalando sostenidamente desde que son medidos por la Superintendencia de Educación, con excepción de los períodos de cierre de escuelas debido a la violencia social a partir de octubre de 2019 y la pandemia. Una vez que las clases se retomaron, las denuncias por problemas de convivencia escolar volvieron con fuerza y superaron los registros previos a 2019. Una vez más, el Colegio de Profesores paralizó las clases esta semana.

En esta oportunidad, el paro es para manifestar su rechazo a la violencia escolar de la que son víctimas y ejercer presión para que el Congreso legisle con prontitud un proyecto de ley sobre convivencia escolar presentado por el Gobierno hace dos meses. 

Si bien hay un consenso amplio sobre la gravedad de estos problemas, es lamentable que el gremio una vez más esté afectando la continuidad de la educación. La escalada de la violencia y situaciones de maltrato en establecimientos educativos son un problema grave que requiere ser enfrentado con decisión. Frente a ello, el Gobierno presentó un proyecto de ley que, partiendo de un diagnóstico errado, apunta a soluciones incorrectas. 

Considera que el origen de la violencia se encuentra en una insuficiente democratización de las decisiones escolares, por lo que fortalecer las instancias de participación resolvería la tensión al interior de las comunidades. En cambio, omite reforzar la autoridad pedagógica y directiva, claves para el respeto en el aula y en los establecimientos. 

La centralización de muchas de las decisiones en la autoridad, la entrega a los Consejos Escolares de un rol resolutivo, el aumento de las obligaciones y sanciones a los establecimientos, sin contar con medios de apoyo, no sólo amenazan la autonomía de los proyectos educativos, sino que terminarán por sobrecargar a las escuelas y a los equipos directivos haciéndolos únicos responsables de un problema cuyo origen los excede. La forma en que el proyecto de ley lo hace es insatisfactorio. 

La autoridad de los equipos directivos y de los docentes no se ve fortalecida, sólo se utiliza la amenaza sancionatoria a los establecimientos sin darles herramientas más efectivas para gestionar la convivencia en su interior y el Estado no asume su deber de apoyarlos y cumplir con su deber constitucional de resguardar la seguridad y dar protección a la población y a la familia en este problema cuyo origen excede el contexto educativo y que seguirá sin ser resuelto.