Crecen las dudas sobre la independencia del PJUD: repercusiones por chat entre Hermosilla y Vivanco
Se agudiza el terremoto al interior de la Corte Suprema tras que se revelara el chat entre la ministra Ángela Vivanco y el polémico abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva, imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, en el marco del Caso Audio.
La conversación entre ambos se habría llevado a cabo desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2023 y, según informó Ciper, Luis Hermosilla realizó esfuerzos, mediante un intenso lobby, para asegurar la llegada de Vivanco a la Suprema, luego que la magistrada le solicitara ayuda.
Cabe recordar que la ministra Vivanco asumió en la Corte Suprema cuando Hermosilla se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior, en la segunda administración de Sebastián Piñera, y era amigo de Andrés Chadwick, que, en ese momento, ejercía como ministro del Interior.
Así, se evidenció que una vez que Ángela Vivanco llegó al máximo tribunal, le compartió al polémico penalista información sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Dicha información, en ese entonces, aún no era pública y era del interés de Hermosilla.
Además, en el chat que mantuvieron ambos, se desprende que Luis Hermosilla actuó junto a la ministra Vivanco para impulsar candidaturas a la Corte Suprema, como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera; y boicotear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.
AC contra ministra Vivanco
Los antecedentes revelados por el medio antes mencionado causaron múltiples reacciones en el ámbito político. Incluso, los diputados del Partido Socialista, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes son querellantes en el Caso Hermosilla, anunciaron el ingreso de una acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco y los jueces que estén dentro de la influencia del abogado Hermosilla.
Al anunciar el ingreso del libelo, argumentaron que la falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción al interior del Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen, y que lo develado por Ciper respecto es extremadamente grave.
En cuanto a esta acusación constitucional, la diputada Cicardini sostuvo que “la gravedad de los antecedentes de Ciper respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional”
Los efectos en el Poder Judicial
Por su parte, desde el Poder Judicial emitieron un comunicado donde se informó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, mostró su alta preocupación ante “los nuevos antecedentes de prensa”. Asimismo, se indicó que el tema será tratado con la máxima prioridad en el pleno de este lunes, que comenzará cerca de las 8:30 de la mañana.
También, reiteró y afirmó el compromiso de la Corte Suprema con su “trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas”.
De todas maneras, a pesar de que citó al pleno para abordar las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla, la magistrada no estará presente por un permiso que solicitó a fines de agosto para los días 9 y 13 de septiembre.
Una amenaza a la independencia del Poder Judicial
Frente a este escenario, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, “respecto a los favores políticos y la operación política y jurídica con Hermosilla”, concluyó que “son gravísimos estos antecedentes” y que “dan cuenta de una amenaza a la independencia del Poder Judicial”.
En tanto, la diputada independiente, cercana al Partido Social Cristiano, Gloria Naveillán, afirmó que “si los diputados Cicardini y Manouchehri creen que hay que hacer una acusación constitucional contra la ministra Vivanco, y tienen las razones para hacerlo, yo los apoyo 100%. Acá, para todos tiene que ser igual, caiga quien caiga”.
En la misma línea, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al caso, argumentando que “a las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventajas”.
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