En la mira de Contraloría: exrector de la U. de Talca recibió más de $1.300 millones en 10 años y fue recontratado por casi $5 millones como profesor
En la mira de Contraloría: exrector de la U. de Talca recibió más de $1.300 millones en 10 años y fue recontratado por casi $5 millones como profesor
Pese a que su sueldo como rector no superó nunca los $5 millones de pesos, distintas asignaciones abultaron durante años las remuneraciones del ex rector de la Universidad de Talca –quien estuvo al mando de la universidad estatal por 28 años–. En los últimos 10 años, el también ex ministro de Michelle Bachelet recibió al menos cinco ingresos mensuales superiores a los 17 millones de pesos. Pese a que dejó el cargo en 2022, Rojas fue recontratado por la universidad donde actualmente cumple funciones como docente por 14 horas semanales. Tan sólo en este año, su sueldo promedio es $4.872.57.
Hace poco más de una semana, el 11 de octubre, el Ministerio de Educación nombró al exrector de la Universidad de Talca Álvaro Rojas como Comisionado Experto en Regulación de Aranceles de Educación Superior. Su rol, junto a sus otros seis compañeros en la comisión, será la de definir los aranceles regulados para las instituciones de educación superior partícipes de la gratuidad.
El corazón de su labor será la de establecer el dinero que reciben las casas de estudios, asunto que estuvo sujeto a polémica en el último tiempo, luego de que se revelara el millonario sueldo que Marcela Cubillos recibió como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián: $17 millones.
El monto que recibía la exministra de Educación, y actual candidata por Las Condes, levantó las alertas de las autoridades como también las de la opinión pública con entrevistas y columnas de líderes de opinión. De esa manera, se abrió el debate sobre la distribución de recursos en las instituciones de educación públicas y las privadas adscritas a la gratuidad.
Lo cierto es que Rojas, quien fue rector de la Universidad de Talca por 28 años, también recibió honorarios millonarios. The Clinic, revisó la documentación de honorarios dispuesta a través del portal de Transparencia de la casa de estudios. En esta, se detalló que en los últimos 10 años, Álvaro Rojas recibió al menos $1.300 millones si se suman todas sus remuneraciones. Además, cinco de sus sueldos fueron superiores a los $17 millones de pesos.
El primero de estos pagos se efectuó en octubre del 2016, por un total de $17.219.856. Dicho dinero, ajustado según la Calculadora IPC, una aplicación desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas que permite calcular la tasa de variación, al día de hoy se traduce en $24.865.472. El último pago que supera los $17 millones se entregó en enero del 2020 y fue de $17.067.769. Este último, reajustado según el IPC sería de $22.188.100 al día de hoy.
Los montos que recibió Rojas fueron abultados gracias a diferentes asignaciones, pues cuando ejerció como rector, su sueldo nunca superó los $5 millones. Entre 2014 y 2022, el rector recibió asignaciones entre $6 y $13 millones, dependiendo del mes. El mayor monto que recibió fue en octubre de 2019 por diferentes asignaciones que alcanzaron los $13.965.361.
Cada mes, Álvaro Rojas recibía más de una bonificación. Durante su período como rector, sus remuneraciones regularmente incluían bonificaciones por: formación académica, antigüedad académica, alta dirección y compensación académica. Otros meses, a estas últimas se añadían asignaciones por cargo, personales por aniversario, por movilización, por exclusividad, por desempeño administrativo, por cargo directivo y bonos escolares.
The Clinic consultó a Rojas sobre las remuneraciones que recibió durante la última década. Si bien admite que su sueldo subía por las asignaciones, menciona que todos los académicos de la Universidad recibían bonificaciones según sus cargos. En específico, aclara que su remuneración consistía en su sueldo como profesor titular más una asignación de cargo.
“La Junta Directiva es la que aprobó cada sueldo. Son ellos los que lo determinan, yo no me autodetermino. Y mi sueldo no era diferente al sueldo de otras universidades públicas, la Universidad de Chile o la Universidad de Santiago de Chile”, explica Rojas. Además, añadió que no le correspondía calificar si sueldo era razonable.
En referencia a los sueldos superiores a $17 millones que recibió, Rojas añade que se debe a que la Universidad de Talca paga un sueldo 13 a todos su funcionarios, el que se paga en dos cuotas; una en marzo y otra en octubre, mismos meses en que su sueldo ascendió.
Dicha información fue respaldada por la casa de estudios que indicó a The Clinic que: “En relación al tema de remuneraciones hay dos meses en el año que recibimos fraccionado el treceavo sueldo. Que es una asignación que otorga la Universidad”, indicaron.
Además, desde la Universidad de Talca informaron que desde el año 2020 se reemplazó su política de pagos del treceavo sueldo anual. Dicha modificación incluyó un tope para esta asignación. Este año dicho tope es de $2.503.200.
“En 2020 la Universidad de Talca puso en marcha un plan de austeridad que abarcó tres grandes áreas de ahorro: asignaciones, honorarios y nombramientos; bienes y servicios; y modificaciones al programa de inversiones. Respecto al pago de remuneraciones, está estrictamente regulado. La Universidad de Talca, dentro del concierto universitario, destaca por haber llevado adelante un proceso riguroso de regulación y ajuste de brechas de remuneraciones, que permite garantizar que ellas se fijan bajo estrictos criterios de objetividad”, indicaron desde la casa de estudios”, indicaron desde la casa de estudios.
Durante el período que Rojas fue rector, algunos medios de comunicación pusieron en duda su autoridad. En 2018, El Mostrador cuestionó el largo tiempo en el que el académico se desempeñó como rector, y mencionó que Rojas fue uno de los funcionarios públicos mejor pagados entre las universidades que tenían sus mismas cualidades, como la Universidad de Valparaíso y la Universidad de la Frontera. Mientras sus respectivos rectores ganaban un sueldo cercano a los $7 millones, Rojas recibía remuneraciones que promediaban los $11 millones.
Este año The Clinic publicó el artículo Sueldo de Marcela Cubillos: rectora de la U. de Chile gana 7 millones menos y ningún académico de universidades estatales se acerca a los 17 millones en el que se reveló que de los rectores en ejercicio el que más ganaba era el rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Rodrigo Vidal, quien recibe una remuneración bruta de $13.635.974.
Cabe destacar que Rojas renunció a la rectoría en 2022, y permaneció como académico hasta marzo del año siguiente. Sin embargo, su estancia fuera de la universidad duró poco. Cerca de dos semanas después el actual rector de la Universidad, Carlos Torres, lo recontrató. Hoy Rojas recibe una remuneración que promedia los $4.872.57, por una jornada laboral de 14 horas.
Respecto a sus ingresos como rector y docente Rojas indica: “Yo me doctoré en Alemania, he hecho todo lo que es una carrera académica plena, a diferencia de otras señoras que tú conoces. He ido escala por escala y gané mi mención de rector, mi asignación, está todo tomado razón por Contraloría. Todas esas escalas son de acuerdo con la Junta Directiva y son acuerdos que también están observados por la Junta… O sea, están de acuerdo a la Contraloría en la forma que corresponde. No hay ninguna anormalidad”, expresa.
Los casos de los profesores Pizarro, Tello y Villalobos
En mayo de 2023, tres académicos de la Universidad de Talca demandaron a Álvaro Rojas y Marco Molina -quien se desempeñó como rector subrogante-, por prevaricación administrativa. Esto último se refiere a resoluciones administrativas -que a juicio de los demandantes- resultaron injustas. Según ellos, las dos autoridades los persiguieron mediante sumarios y calificaciones deficientes, las que tenían la intención de perjudicar sus carreras académicas.
El primer caso fue el del profesor de Ingeniería Forestal, Manuel Pizarro, quien trabajó en la casa de estudios desde 1989 hasta hoy. Sus complicaciones, dice, comenzaron en 2017, cuando Pizarro envió una carta al Diario El Centro. En ella, criticaba la reelección y la remuneración de Álvaro Rojas como rector de la universidad.
El profesor decidió hacer público su malestar por una razón, que señala moral: estudió toda su vida en establecimientos estatales y sus padres eran profesores. “No calzaba que un funcionario público estuviese el período que estuvo Rojas, y que ganase ese sueldo a expensas de los ciudadanos de una de las regiones más pobres del país. Incluso, un sueldo más alto que el del Presidente de la República”, explica Pizarro.
Desde ahí, asegura que Rojas orquestó “una persecución en su contra”. Un año después de la publicación de la carta, el entonces rector abrió y dirigió un sumario administrativo en contra del profesor. Según la querella, esta investigación sólo se basó en las declaraciones que Pizarro le dio a la prensa. Finalmente, se sancionó al profesor con una multa del 15% de su remuneración.
Debido a que Rojas no inhabilitó su participación en el sumario, Pizarro recurrió a la Contraloría General del Maule para interponer un recurso de ilegalidad. Allí, declaró que el rector, al ser partícipe de la investigación, influyó en el resultado de la misma. La Contraloría le dio la razón.
Sin embargo, según los demandantes, el hostigamiento no cesó. En el mismo año se inició una investigación sumaria, en el que se acusó a Pizarro de haberle dicho a una alumna que sería expulsada de la universidad por robar una prueba. Por eso, la joven decidió abandonar la carrera. Si bien el fiscal de esa investigación propuso sobreseer a a Pizarro por falta de pruebas, aún así, la Unidad Jurídica de la Universidad de Talca decidió abrir un sumario.
En la querella, se establece que ese sumario “no logró acreditar probatoriamente la imputación respecto del profesor Pizarro, al no existir más testigos presenciales de esa supuesta conversación que la propia alumna”. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación sí acreditó la imputación, por lo que se sancionó al profesor con la censura.
Como antes, Pizarro acudió nuevamente a la Contraloría, la que determinó que los hechos no fueron probados y que se debía iniciar una nueva investigación. Así, se reabrió nuevamente el sumario -en dónde la comisión no añadió pruebas ni se modificaron los cargos-, que tuvo los mismos resultados anteriores: se sancionó con censura al profesor. Otra vez más, Pizarro volvió a Contraloría, entidad que falló a su favor.
Esta misma situación ocurrió nuevamente: el fiscal y los administrativos a cargo concluían en censurar al profesor, a pesar de que Contraloría dictaba que no existían las pruebas suficientes. Finalmente, Pizarro acudió a la entidad fiscalizadora por tercera vez, la que nuevamente le dio la razón. Allí, los administrativos desistieron: se absolvió al profesor, pero “debido a la excesiva dilación del procedimiento”.
Pese a que se falló a su favor, Pizarro cuenta que las numerosas investigaciones lo desgastaron emocionalmente a él, a su familia y a sus colegas. “Todos veían que un profesor titular, que tenía un prestigio, se le estaba intentando humillar y solo con el fin de acallarlo (…) Había mucho miedo. Tuve apoyo psicológico y psiquiátrico”, relata Pizarro.
El segundo querellante fue José Tello, quien actualmente es académico de la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión de la universidad desde el 2000. Acudió a la justicia debido a que, en 2020, se evaluó de manera “deficiente” su desempeño como profesor entre los años 2015 y 2018. Esa calificación, realizada por la Comisión Superior de Calificación de la Universidad de Talca, ponía en riesgo su continuidad como académico en la casa de estudios.
Por lo mismo, Tello interpuso un recurso de apelación ante la entidad académica -que la comisión Ad Hoc de la universidad rechazó-, y luego recurrió a Controlaría. Allí, el profesor explicó que no se fundamentó adecuadamente qué criterios fueron considerados e ignorados para su evaluación. Allí, Tello expuso que tenía varias tareas a su cargo: fue director de varios programas de posgrado, participó en congresos internacionales y cursaba un doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. Este último, incluso, estaba patrocinado por la Universidad de Talca.
Aun así, la comisión lo había calificado de manera “deficiente” en los ámbitos de gestión institucional e investigación. En esta última sección, la casa de estudios explicó que su clasificación se debió a que las investigaciones no fueron anexadas. Sin embargo, Contraloría falló a favor de Tello. argumentando que esto no sería razón suficiente para que se le clasificara de manera “deficiente”. Además, consideró que la comisión no tomó en cuenta su desempeño en el programa de doctorado.
Al igual que con Pizarro, Contraloría ordenó que la evaluación se hiciera nuevamente, pero la comisión volvió a calificarlo de manera “deficiente”. Según la querella, no se hicieron modificaciones en ninguna de las áreas evaluadas, como en investigación y gestión institucional. Finalmente, Tello decidió acudir a Contraloría por tercera vez, y de nuevo falló a su favor. Hasta hoy, no se ha realizado una nueva evaluación.
El tercer profesor que demandó a Rojas fue Carlos Villalobos, quien es Profesor Asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca desde 2017. Según lo que cuenta el académico, todo empezó un año después de que fue contratado, cuando Rojas realizaba su campaña para ser reelecto. Por ello, el entonces rector asistió junto con el cuerpo académico al auditorio de la Facultad de Economía, en donde se encontró con Villalobos.
Allí, el profesor consultó sobre la posibilidad de que se modificara la manera en la que se componían las comisiones de calificación. De acuerdo con la denuncia que presentó en el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Villalobos argumentó: “En la evaluación de un economista era improcedente que hubiese integrantes ajenos a la disciplina, como biólogos, entre otros. Al salir del auditorio, una vez finalizada la reunión, el ex Rector Sr. Álvaro Rojas se dirigió a mi persona y dijo: ‘Su nombre no se me va a olvidar Sr. Villalobos'”.
Así como sucedió con Tello, Villalobos también fue calificado de manera “deficiente” en 2020, cuando estaba a punto de renovarse su cuarto período y quedaría como académico en la casa de estudios permanentemente. Como resultado, se quedó sin trabajo.
Quienes tomaron la decisión esa vez en la comisión fueron varios académicos, entre los que se encontraba Marco Molina. Así, Villalobos presentó un recurso de apelación, pero fue rechazado por la Comisión Ad-Hoc de la universidad, la que era presidida por Álvaro Rojas. Así, sin resultados, el profesor decidió ir a Contraloría.
En esa oportunidad, la entidad fiscalizadora falló a su favor. Entre sus argumentos para que se evaluara nuevamente a Villalobos, se indicó que la comisión no señaló qué criterios habían sido incumplidos, cuáles eran las exigencias que sí debía satisfacer ni se especificó las ponderaciones de cada elemento de la evaluación.
La situación, como en los otros casos, ocurrió de nuevo. La comisión no sumó antecedentes nuevos, y le recomendó a Rojas que no renovara el contrato de Villalobos. Otra vez más, el profesor intentó apelar, pero la sesión -que nuevamente presidía el rector-, la rechazó. Así, Villalobos fue a Controlaría una segunda vez, la que determinó que la evaluación debía hacerse de nuevo.
Durante este período, en el que el profesor estaba sin trabajo en medio de la pandemia, Villalobos sufrió de depresión. Aún se encuentra en tratamiento. “Esta situación me afectó profundamente. Siento pena y lástima por lo que me ha tocado vivir, y por el clima que se generó en la universidad”, relata el profesor.
Esto ocurrió dos veces más, en las que la Comisión Superior de Calificación no acataba lo ordenado por Contraloría y sesionaba obteniendo los mismos resultados. Entre esas ocasiones, el profesor solicitó a la comisión que se abstuvieran los académicos que, anteriormente, habían tomado decisiones dictaminadas ilegales por Contraloría. Sin embargo, los funcionarios de la comisión hicieron caso omiso y calificaron su solicitud como una “presión indebida”.
“Siento una lástima enorme cuando una persona con el poder del ex Rector Rojas usa su poder para perseguir a un académico joven. Siento pena, porque no se tiene en cuenta el daño que estas actuaciones generan no solo al académico y su familia, sino que también a la institución que tanto amamos”, lamenta Villalobos.
Ya a la cuarta vez que la comisión terminó por no recomendar a Villalobos para renovar su contrato, el profesor decidió apelar por quinta vez ante la Comisión Ad-Hoc. Las cuatro veces anteriores las sesiones fueron presididas por Rojas, pero esta vez fue diferente: se aceptó el recurso de apelación. Esto fue, según el demandante, gracias a que la formación de la comisión fue distinta. Esto porque el actual rector Carlos Torres, eligió a los académicos miembros por sorteo.
Ahí, finalmente, se recomendó a Villalobos de manera satisfactoria. Pudo renovar su contrato por un cuarto período y quedar permanentemente como trabajador en la universidad. “Agradezco a Carlos Torres que haya sorteado la última comisión, porque eso me salvó la vida”, afirma Villalobos.
Respecto a estas denuncias, Rojas asegura que él ha sido el funcionario perseguido por los demás querellantes. Incluso, hace mención de los dos últimos casos, en los que reconoce que Tello y Villalobos reclamaron en contra de su clasificación. Sobre su rol en las Comisión Ad-Hoc, que él presidía y no se inhabilitó, dice:
“La presido, la constituyo y me retiro. Me avisan cuando terminan y me dicen: ‘esta es la decisión de la comisión’. La que está formada por profesores titulares y asociados de la universidad. Ellos deciden. Y yo hago mía lo que ellos decidan”, explica Rojas. Y sobre la Comisión Superior de Calificación, de la que no fue parte, indica: “Hay todo un mecanismo de calificación bastante correcto”.
Álvaro Rojas: el nuevo comisionado experto en Regulación de Aranceles de la Educación Superior
El 11 de octubre de este año, el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) seleccionó a Álvaro Rojas como uno de los siete Comisionados Expertos en Regulación de Aranceles de la Educación Superior del Ministerio de Educación. Esto después de pasar por análisis de admisibilidad legal, curricular y entrevistas por parte del CADP. Si bien la comisión aún no ha sesionado con Rojas como integrante, el exrector podría ganará cerca de $650 mil por cada sesión, habiendo un tope de 10 sesiones al mes.
Solo este año se han realizado 59 sesiones, es decir, los integrantes que asistieron a cada una de ellas recibieron cerca de $39 millones. Mira aquí la lista de comisionados.
Junto con ese monto, el exrector está percibiendo entre $2,8 y $6 millones mensuales como académico en la Universidad de Talca después de su recontratación en abril de 2023. Por ejemplo, su última remuneración del mes pasado fue de $2.849.230 por una jornada semanal de 14 horas, a pesar de que su sueldo es de $423.325. Rojas alcanzó esa cifra, al igual que antes, gracias a asignaciones.
El 16 de octubre, Contraloría comunicó que su recontratación no fue ajustada a la normativa. De acuerdo con la ley N° 20.374, todas las universidades estatales deben esperar mínimo cinco años para emplear nuevamente a un académico retirado, al menos que sea considerado como un profesor de excelencia. Sin embargo, Contraloría señaló que “su calificación como académico de excelencia no se ajustó al procedimiento establecido para ello”.
Desde la Universidad de Talca indican: “lo recibido es un oficio que se encuentra en evaluación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos con plazos pendientes de respuesta”.
Sobre esta recontratación, el exrector indica: “No soy recontratado (…) La Junta Directiva es la que decide quién es de excelencia y quién no es de excelencia”.
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