Cuestionamiento a Ley de Presupuesto

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

Cuestionamiento a Ley de Presupuesto

Durante varias semanas el congreso ha debatido sobre la Ley de presupuesto 2025, primero fueron cuestionado la proyección de Ingresos y luego la expansión del gasto propuesto por el gobierno que llegaba al 2,7%.

Luego de conversaciones con la oposición se llego a un acuerdo para recortar gastos por aproximadamente U$ 600 millones y recomponer en parte el FEES (fondo de estabilización económico social). A pesar de lo anterior persisten las diferencias y se concentran en 5 ministerios. 

En la propuesta de presupuesto, el total asignado al Ministerio de Educación (MINEDUC) para el próximo año superará los $17 billones, representando un aumento de 3,3% respecto al presente año. Asimismo, al excluir ítems bajo la línea, el gasto se incrementará en 2%, equivalente a $309,9 mil millones adicionales, alcanzando un total de $15,9 billones. 

A pesar del elevado presupuesto, han surgido diversas discusiones que han modificado la ruta original planteada por el Ejecutivo. En este contexto, los principales temas controversiales están relacionados con el Sistema de Admisión Escolar, la exclusión de la gratuidad universitaria para escolares sancionados por violencia y el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). 

Por otro lado el proyecto de presupuesto total para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para 2025 contempla un gasto de $481.289 millones, lo que representa un crecimiento de 45,8% respecto al año en curso, equivalente a $151.092 millones adicionales. Del total, $296.868 millones se destinarán a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (62%), $3.383 millones a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural (1%) y $181.038 millones al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (38%). 

La discusión se enmarca en el rechazo del Pase Cultural por $15.630 millones, así como en los gastos variables de varios museos, incluyendo la Fundación Museo de la Memoria, los Fondos Culturales y Artísticos de la Subsecretaría de Cultura, y el Consejo de Monumentos Nacionales, debido a su impacto en la demora de proyectos de inversión. 

El Ministerio de Salud crece un 3,9% real, por encima del aumento del presupuesto total del país (2,7%). Esto refleja la prioridad que el gobierno ha otorgado al sector salud en su discurso. Sin embargo, la distribución de los recursos no aborda adecuadamente el principal problema del sector: la reducción de las listas de espera. Aun así, los recursos serán insuficientes para mejorar la oportunidad de atención en el sistema de salud estatal. 

Cabe recordar que Chile gasta prácticamente lo mismo que el promedio de la OCDE (9% del PIB versus el 9,2% de la OCDE, según "Health at a Glance 2023"), y numerosos estudios han evidenciado problemas de gestión tanto en la atención primaria como en los hospitales estatales, situación que se ha vuelto más crítica debido a las dificultades de planificación presupuestaria de varios hospitales. 

Los temas problemáticos se concentran en el programa de Atención Primaria Universal, las listas de espera, la contratación de nuevos funcionarios para el Minsal y la judicialización en la entrega de medicamentos, canalizando recursos a través de la Ley Ricarte Soto. 

En materia de seguridad por un lado, el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado muestra una ejecución acumulada a agosto del 60% y solicita un aumento de 5% en su presupuesto, alcanzando un total de $85,8 mil millones para 2025. Al igual que en los dos años anteriores, parte de los recursos se destinará a la renovación del parque automotriz y otra parte al fortalecimiento institucional (adquisición de nuevas tecnologías y equipamiento). 

Por otro lado, el Plan Calles sin Violencia, con una ejecución acumulada de 57% a agosto para 2024, solicita nuevamente el mismo monto para el presupuesto de 2025, equivalente a $25 mil millones. Actualmente, esta política carece de un documento oficial que detalle sus objetivos, líneas de acción e indicadores de resultados para su evaluación. 

Aunque estos programas fueron aprobados, persisten dudas sobre los recursos comprometidos. En respuesta, el Ejecutivo se comprometió a realizar una evaluación ex post de los planes para determinar su alcance y eficacia en la contención de las altas cifras de delincuencia. 

Finalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido cuestionado por diversas razones. Se le asignó un presupuesto de $16.000 millones, considerablemente mayor que el de la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo para la Transparencia o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de estos cuantiosos recursos, que incluso superan los previstos para el Pase Cultural, pesar de las advertencias el gobierno no alcanzo a reponer los recursos para esta partida.