Frank Sauerbaum
Diputado por Ñuble
Ministerio de Seguridad Publica
El debate sobre la creación de un Ministerio de Seguridad Pública refleja una oportunidad perdida para abordar los desafíos de seguridad contemporáneos con soluciones efectivas.
A pesar de los antecedentes históricos que justificaban la necesidad de una estructura especializada en seguridad, el proyecto actual carece de diagnóstico, orientación estratégica y sistematicidad, cuestiones esenciales para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado y otros riesgos de seguridad que afectan al país. Así, el proyecto se limita a reorganizar estructuras ya existentes y a incorporar facultades poco definidas, que no responden a las necesidades reales del país para reforzar la seguridad pública ni a las urgencias del contexto actual, especialmente frente al combate del crimen organizado y el narcotráfico.
Por otro lado, la transferencia de competencias al Ministerio del Interior parece más orientada a consolidar situaciones de hecho de esta Administración antes que a fortalecer el aparato estatal para cumplir con su mandato de garantizar orden y seguridad. No se debe olvidar que un ministerio es un órgano enfocado en el diseño de políticas públicas. Nuevos ministerios se justifican por la necesidad de especializar y focalizar su función: a nivel ministerial, con un responsable político específico; a nivel funcionario, con cuerpos profesionales que aborden la tarea.
En este sentido, el nuevo ministerio no parece cumplir con dicha premisa, generando más confusión en la forma de abordar el desafío más importante para la ciudadanía: la seguridad. Desde la primera década de los 2000 se instaló la necesidad de un ministerio especializado en seguridad pública para superar la "doble dependencia" de las policías. Sin embargo, las propuestas posteriores, como la Ley Nº20.502, no lograron establecer una estructura efectiva, perpetuando limitaciones en la coordinación y gestión de la seguridad.
El proyecto de ley que crea un Ministerio de Seguridad Pública carece de diagnóstico claro y sistematicidad, limitándose a reorganizar estructuras existentes y establecer facultades imprecisas. Esto no responde a los desafíos actuales, como el crimen organizado y los riesgos de seguridad multidimensional.
Por su parte, la creación de figuras como los seremis de seguridad pública y la desarticulación de las funciones de los delegados presidenciales carecen de fundamento estratégico, debilitando la estructura regional y reforzando problemas administrativos y políticos preexistentes. Es de esperar que el Congreso se pueda modificar proyecto de ley. En su estado actual, será una oportunidad perdida para afrontar los desafíos de seguridad que posee el país.
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