Ñuble se suma al paro nacional de trabajadores públicos por reajustes salariales

Ñuble se suma al paro nacional de trabajadores públicos por reajustes salariales

Este jueves, los trabajadores públicos de todo el país, organizados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), iniciaron un paro nacional que se extenderá por 24 horas.

La protesta, que también se realiza en la región de Ñuble, responde a una serie de demandas relacionadas con la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno, y busca visibilizar la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de los empleados estatales.

Desde la ANEF destacaron que la movilización tiene tres ejes fundamentales. En primer lugar, los trabajadores exigen claridad sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas, una promesa hecha por el gobierno que aún no se ha concretado. También se solicita mayor claridad en torno al teletrabajo, la seguridad funcionaria y los incentivos al retiro para los empleados públicos.

En segundo lugar, la ANEF y la CUT insisten en un reajuste salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. La creciente inflación y el aumento de los costos de vida han afectado seriamente el salario real de los trabajadores públicos, lo que ha llevado a que esta demanda sea una de las principales razones detrás de la movilización.

Finalmente, la ANEF cuestionó un reciente dictamen de la Contraloría General de la República, que según los dirigentes sindicales, vulnera los derechos laborales de los funcionarios públicos. En este sentido, la ANEF ha expresado su rechazo al actuar de la Contraloría, señalando que las decisiones tomadas han dejado en una situación de precariedad a los más de 100 mil funcionarios estatales que dependen de la estabilidad laboral.

En Ñuble, la presidenta de la ANEF regional, María Elena Hellman, se sumó al llamado de la paralización.

“Hoy estamos viviendo una jornada de paralización del sector público en su totalidad. Los servicios centralizados de la ANEF, los municipales, los educacionales y parte del poder judicial están paralizados. Este es un paro potente, fuerte, porque los funcionarios nos hemos cansado de un gobierno que ha incumplido sus promesas. Nos han dilatado y nos tienen en jaque con el nombramiento de la contralora Dorothy Pérez, quien ha dejado fuera de la Contraloría la confianza legítima, poniendo en riesgo laboral a más de 100 mil trabajadores públicos”, afirmó Hellman.

Además, enfatizó que uno de los principales motivos de la movilización es la exigencia de un reajuste salarial que sea “real y no nominativo”, refiriéndose a la necesidad de que los aumentos salariales sean sustantivos y no solo en apariencia.

Salud también en pie de guerra

Otro de los sectores más afectados por las políticas gubernamentales es el de la salud pública.

Cecilia Mellafe, dirigenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenprus), destacó el impacto que las decisiones del gobierno han tenido en la atención de los usuarios.

“Nosotros somos el gremio que representa a los profesionales de la salud. Este sector se ha visto seriamente afectado por las decisiones del gobierno. Hemos tenido falta de atención a nuestros usuarios, ya que gran parte de los recursos se han desviado hacia el sector privado, particularmente hacia las isapres”, explicó Mellafe.

La dirigenta también expresó que los trabajadores de la salud están agotados y enfrentan la falta de presupuesto, lo que dificulta la posibilidad de ofrecer una atención de calidad.

“Nos quitan presupuesto y la posibilidad de atender dignamente a las usuarias y usuarios. Necesitamos el reconocimiento del gobierno, porque somos la columna vertebral de la salud en Chile, atendemos al 80% de los usuarios. Necesitamos un reajuste digno, que sea un verdadero reflejo de la labor tan importante que realizamos para el país”, afirmó Mellafe.

A lo largo de esta jornada, se espera que las movilizaciones sigan creciendo en diversas partes del país.

Además de las demandas salariales y de condiciones laborales, los trabajadores públicos piden mayor respeto por sus derechos, en especial aquellos que están siendo comprometidos por decisiones administrativas que afectan directamente su estabilidad y su capacidad de ejercer sus funciones de manera eficiente.