Prisión preventiva por secuestro para hombre que tomó como rehén a cajera de AFP Provida

Prisión preventiva por secuestro para hombre que tomó como rehén a cajera de AFP Provida

La captura de Marco Antonio Solís se produjo tras un intenso operativo policial en la sucursal de Las Condes. Buscaba cobrar el dinero de la pensión de su esposa fallecida. Al no recibir la cantidad solicitada, amenazó a la cajera con un arma cortopunzante.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Marco Antonio Solís Castro, de 55 años, quien fue formalizado por el delito de secuestro tras retener a una cajera de la AFP Provida en Las Condes durante más de siete horas el día de ayer. El tribunal justificó la medida cautelar debido al peligro que representa el imputado para la sociedad, pese a contar con irreprochable conducta anterior.

El incidente ocurrió cuando Solís se dirigió a la sucursal de la AFP con el propósito de cobrar el dinero de la pensión de su esposa fallecida en 2019. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el hombre solicitó un millón de pesos que se encontraban en la cuenta de su cónyuge. Al no recibir la cantidad solicitada, Solís amenazó a la cajera con un arma cortopunzante, reteniéndola durante varias horas.

En medio de las negociaciones con los funcionarios de la policía, Solís aprovechó la oportunidad para exigir una suma mayor: 12 millones de pesos correspondientes a su propia cuenta de AFP. Ante esta nueva demanda, el personal del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) de Carabineros intervino llevando dinero en efectivo que contaron frente al imputado, lo que permitió distraerlo y liberar a la víctima.

La jueza a cargo de la formalización subrayó la gravedad del delito, resaltando el impacto que tuvo el secuestro en la víctima, quien no pudo prestar declaración durante la audiencia. También se destacó que Solís había actuado con tres cuchillos y una corta pluma, lo que evidenció el riesgo potencial que representaba para la persona retenida.

En cuanto a las medidas adicionales, se estableció un plazo de 90 días para la investigación y la obligatoriedad de que Gendarmería informe dentro de las próximas 48 horas sobre un tratamiento psicológico para el imputado.

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