Funcionarios del Servicio de Salud de Concepción indignados con administración ligada al PS

Funcionarios del Servicio de Salud de Concepción indignados con administración ligada al PS

Durante su gira en la región del Bío Bío, dirigentes de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) le entregaron dos cartas al presidente Gabriel Boric Font para dar a conocer su malestar por la gestión del actual director del Servicio de Salud de Concepción (SSC), Víctor Valenzuela Álvarez (PS).

Y es que quienes trabajan día a día en el Servicio han descrito un ambiente hostil, con una gestión mediocre, denuncias ignoradas y una nula respuesta de la dirección, situación que se estaría viviendo desde el cambio de jefatura.

En conversación con Radio Bío Bío, diversos funcionarios denunciaron una disminución en la calidad de la administración del Servicio, hecho que se vería reflejado en los indicadores de Compromisos de Gestión (COMGES) y en el ranking de Trato al Usuario, en los que el SSC se encuentra en un puesto inferior a años anteriores.

Asimismo, han llamado la atención sobre el alza de denuncias de acoso y maltrato laboral hacia jefaturas y la inacción y falta de diálogo desde la Dirección, situación descrita en una de las cartas de la Fenpruss, en la que alertaron sobre la desvinculación de dos trabajadoras que habían interpuesto denuncias por Ley Karin, situación que llevó al gremio a tomarse las inmediaciones de la Dirección del Servicio el viernes pasado.

Internamente, los trabajadores apuntan a que la razón de los problemas que se han vivido en los últimos años se debe a que quienes mantienen los puestos de jefaturas del Servicio y Hospitales han sido “elegidos a dedo” entre el círculo de confianza, y no necesariamente por conocimientos y experiencia. Así consta que gran parte de los altos cargos del SSC que se han desempeñado en el Servicio de Salud de Arauco –cuya gestión también fue cuestionada en su momento– tienen vínculos directos con el Partido Socialista y/o con el ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Malestar interno
“Es la peor gestión que he visto en décadas”, acusa una funcionaria que lleva años trabajando en el Hospital San José, en Coronel, uno de los seis establecimientos de la red, a los que se le suman el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, el Hospital Traumatológico de Concepción, el Hospital de Florida, el Hospital de Lota, el Hospital Clorinda Avello (Santa Juana) y seis Cesfam.

En octubre del año pasado, ya se habían movilizado por más de un mes alrededor de 350 trabajadores del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional por malas condiciones de trabajo, hacinamiento y falta de stock de medicamentos, ocasión en que pidieron la salida del director del Servicio de Salud penquista. Incluso, en su momento, diputados como Eric Aedo (DC) se unieron a la exigencia, llamando la atención sobre la falta de reacción por parte del Servicio.

Y es que los trabajadores han alegado una disminución en la calidad de la administración. Asimismo, eso fue denunciado por Pavel Guíñez, dirigente de Fenpruss, quien, tal como consignó el diario El Sur, aseguró que hay graves problemas de gestión que tienen al Servicio en los últimos lugares del ranking de indicadores.

Específicamente, Guíñez hablaba de la medición de Compromisos de Gestión (COMGES), la que a través de 25 indicadores evaluaba en 2021 al SSC en el tercer puesto a nivel país con un 97,24% de cumplimiento, y al primer corte de 2024, se encontraba en el número 24 de 29, con un 76,29% de cumplimiento.

Similar situación ocurre con el ranking del trato al usuario, el que no se medía desde el 2018, que es el resultado de encuestas realizadas a los usuarios de los centros de salud. Al respecto, los trabajadores dijeron sorprenderse al conocer que los hospitales de Coronel, Santa Juana y el Regional de Concepción se encontraban en el peor tramo, aunque el CESFAM Víctor Manuel Fernández y el Hospital San Agustín de Florida subieron un tramo cada uno.

Los funcionarios también han llamado la atención por la alta tasa de ausentismo que existe en el SSC, siendo uno de los Servicios con la mayor cantidad de funcionarios sin asistir a nivel país, tema que, en parte, atribuyen a una alta cantidad de licencias de salud mental en un clima laboral hostil.

Consultados por Radio Bío Bío, desde el SSC primeramente señalaron que “ni el director ni el equipo directivo del Servicio de Salud Concepción ha recibido un documento formal, en representación de los trabajadores, que de cuenta del malestar y disconformidad con la gestión institucional”.

Respecto al puntaje COMGES, afirmaron que hay dos indicadores que fueron especialmente complejos de cumplir el 2024: el asociado a la cantidad de donadores de órganos y el índice de ausentismo laboral. En el primer caso, afirmaron que en su caso también se considera a la población de la Provincia de Arauco, que depende del Servicio de Salud Arauco, y que se han realizado campañas comunicacionales para educar y sensibilizar a la población al respecto, lo que ha significado resultados positivos. En el segundo caso, indicaron la existencia de un alto índice de ausentismo por licencias médicas, respecto a lo que se están realizando diversas actividades orientadas a disminuirlo.

Acoso laboral
El viernes 17 de enero, dirigentes de Fenpruss del SSC se tomaron las oficinas de la dirección del Servicio, para exigir a la autoridad que se reintegre a socias desvinculadas el pasado 31 de diciembre, siendo una de ellas denunciante de un caso de maltrato y acoso laboral bajo Ley Karin.

Así es como, en la carta entregada el pasado 13 de enero al presidente Boric, se detalló la existencia de cinco casos de denuncias por este mecanismo, de las cuales no se ha tenido conocimiento de su desarrollo ni se han adoptado las “necesarias medidas preventivas” como derivaciones a equipos psicosociales.

De acuerdo a lo publicado por diario El Sur, Guíñez indicó que “las desvinculaciones arbitrarias no solo han afectado a muchos trabajadores, sino que han provocado un gasto enorme de dinero por tutelas laborales perdidas, llegando a más de 300 millones de pesos solo durante la actual administración”.

De tal manera, preguntando entre funcionarios, no es difícil encontrar sentencias de tutela laboral favorables hacia ellos: 20 de junio de 2022, pago de $7 millones por daño moral por vulneración de la relación laboral; 7 de agosto de 2024, pago de diferencia de remuneraciones por la disminución injustificada de grado de un funcionario; 7 de julio de 2023, $10.000.000 por concepto de indemnización del daño moral causado por desvincular a una funcionaria sin justificación; 21 de junio de 2024, $15.000.000 por daño moral, etc.

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, trabajadores han descrito la situación dentro del Servicio como crítica, consignando que las denuncias que involucran a jefes de servicio y cercanos a la dirección no son tomadas en cuenta, habiendo antecedentes de funcionarios que cuentan con múltiples denuncias y sumarios, sin que sean desvinculados o sancionados.

Como ejemplo de la forma de actuar desde la dirección, llamaron la atención sobre la denuncia de tutela laboral realizada por una funcionaria, que denunció a una doctora por emitir un certificado que indicaba que había atendido en el Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) a María Candelaria Acevedo, diputada del PC, mientras hacía uso de su licencia médica. De acuerdo a los trabajadores, a raíz de la denuncia “fue víctima de acoso laboral efectuado por el Sr. Valenzuela, instruyendo un sumario en su contra y posteriormente removiendola de su cargo como Jefa de PRAIS”. A raíz de esto, la funcionaria presentó un reclamo ante la CGR por haberse presuntamente negado el director a instruir un sumario administrativo por la emisión irregular del certificado.

Consultados por Radio Bío Bío, desde el SSC informaron que desde la entrada en vigencia de la Ley Karin en agosto de 2024, el SSC aprobó un nuevo protocolo “para prevenir la violencia y el acoso laboral que establece medidas de prevención y un procedimiento para investigar y sancionar estas conductas”. A ello sumaron la realización de diversas acciones de difusión, sensibilización, y capacitaciones a los funcionarios y funcionarias sobre los riesgos y medidas de prevención y protección que pueden adoptarse.

También indicaron que solo el 14% de las investigaciones sumarias y sumarios instruidos son contra directivos, “los cuales han sido investigados oportunamente respetando el marco normativo dispuesto”.

“Finalmente, y sobre los supuestos despidos, es preciso aclarar que el Servicio de Salud Concepción es una red compuesta por más de 12.800 funcionarios, respecto de los cuales sólo se determinó la no renovación de contratación de 7 funcionarios, por razones de reestructuración o mal desempeño, fehacientemente acreditadas y no por otras causas”, aseguraron.

Los administradores
El 18 de abril del año pasado, Carabineros desalojó una toma en el Servicio de Salud de Concepción, en que funcionarios de Fenpruss denunciaron un “alza escandalosa de sueldos, que supera los 30 millones, de las cuatro personas afines al director del Servicio de Salud Concepción, beneficiadas solo por ser sus amigos”.

Es este mismo supuesto “amiguismo” que funcionarios, hoy día, apuntan como una de las razones del mal funcionamiento, sospechando que quienes manejan el Servicio se ven protegidos por sus lazos políticos.

En el año 2021, quien caminara por las calles de la ciudad de Arauco, se habría topado con imágenes de Víctor Valenzuela, en ese momento candidato a Consejero Regional, abrazado a Manuel Monsalve, quien ejercía como diputado socialista por el distrito 21.

Valenzuela no consiguió ser elegido para cubrir uno de los cuatro cupos a consejero regional disponibles, pero sí logró, mediante concurso público del Ministerio de Salud, encabezar el Servicio de Salud de Concepción un año después.

El ingeniero comercial ya había ejercido tal cargo en el Servicio de Salud de Arauco desde el 2014 al 2018, y con su contratación, varios ex trabajadores de aquella organización cruzaron los 142 kilómetros que los separan para acompañarlo en Concepción.

En detalle, como cabeza del Departamento de Asesoría Jurídica, llegó Elías Jana Pilgrim, sobrino de Daniel Jana Torres –ex concejal PS y ex Jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior–, quien detentaba el mismo cargo anteriormente en el Servicio de Salud de Arauco.

Desde Arauco también llegaron David Novoa, como Subdirector de Recursos Humanos; Marcelo Sanhueza, como jefe de Departamento de Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y Javier Gamboa, como Subdirector Médico.

Los vínculos entre algunos de ellos no solo datan a su trabajo juntos en Arauco. Junto a Alejandra Burgos (ex funcionaria del Servicio de Salud de Arauco y ex alcaldesa independiente de Curanilahue), Valenzuela, Novoa y Sanhueza constituyeron una sociedad llamada “Crecer Capacitación Limitada”, habiendo Valenzuela y Jana cedido sus derechos a sus respectivas cónyuges, previo a entrar al Servicio de Salud de Concepción.

Asimismo, los cuatro sujetos también estaban relacionados en la Sociedad Comercial “Centro de Investigación para el Desarrollo y Equidad Territorial Limitada”, ambas creadas el año 2017.

Otra contratación cuestionada fue la de Alicia Bravo, trabajadora social, ex directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Renaico, inicialmente como Jefa de Gabinete de Valenzuela y hoy como Jefa del Departamento de Comunicaciones. Bravo fue directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Renaico, mismo municipio donde Valenzuela ejerció como asesor en salud, mientras el alcalde era Juan Carlos Reinao (Ind.), actualmente en prisión preventiva por delitos sexuales, quien, de acuerdo a lo publicado por Ex-Ante, declaró ser amigo del ex subsecretario Monsalve e incluso haber vivido más de un año con él en 2007.

También se criticó la llegada, en calidad de reemplazo, de Nicolás Molina Vicuña –supuestamente, pareja de Amanda Monsalve, hija del ex subsecretario –, en febrero de 2023, a quien el mes siguiente a su contratación se le autorizó una comisión de estudios para asistir al XI Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, al que también asistió Amanda Monsalve.

Los gastos fueron pagados por él, pero recibió su remuneración los días que estuvo ausente. De acuerdo al Servicio, en la situación se cursó “debidamente su permiso conforme con las normas vigentes para estos casos”.

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