Oficialismo acusa a Fiscalía de "denegación de justicia" en casos de DDHH durante estallido social

Oficialismo acusa a Fiscalía de "denegación de justicia" en casos de DDHH durante estallido social

A través de una declaración pública, partidos oficialistas manifestaron preocupación y una “enérgica condena” ante “la evidente denegación de justicia que representa la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas en las que se investigaban violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social de 2019.

Se trata de un comunicado firmado por la Federación Regionalista Verde Social, Partido Acción Humanista, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido Radical, Partido Socialista y el Partido Comunista.

Según señalan, conocieron una carta enviada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales -que integran entidades como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)- al fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Esta decisión del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia, manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil” por agentes del Estado”, dice la misiva.

En tanto, la respuesta de la jefa de gabinete del jefe del Ministerio Público indica: “Esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Declaración de partidos oficialistas

Conocido lo anterior, las colectividades antes mencionadas señalaron que “esta situación constituye una grave afrenta a los principios del Estado de Derecho y a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República de Chile y en los pactos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, representando una grave denegación de justicia, más allá de que se encuentre o no amparada por una facultad legal”.

“La denegación de justicia socava la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Permite que la impunidad se instale, enviando un mensaje peligroso de permisividad ante posibles abusos y generando un clima de indefensión para las víctimas”, complementan.

Agregando “la denegación de justicia puede manifestarse de diversas formas. En este caso concreto, se aprecia en la inefectividad de los recursos legales, falta de rigurosa diligencia e imposición de la impunidad lo que significa concretamente no investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos, dejando a las víctimas sin reparación”.

Acto seguido, apuntan que “la denegación de justicia en el marco de los Pactos Internacionales de Derechos humanos se refiere a la falta de acceso efectivo a recursos judiciales para la protección de los derechos humanos reconocidos en dichos tratados (…) el sentido de los Pactos Internacionales es asegurar que los Estados adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a recursos judiciales efectivos y a una reparación adecuada”.

Por lo que, sostienen que “es digno de ser consignado que las violaciones de derechos humanos en Chile durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 habían sido denunciadas por diversas entidades internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En general, coincidían en llamar al Estado chileno para investigar, sancionar a los responsables y adoptar medidas para prevenir futuras violaciones”.

Finalmente, hicieron un llamado al Ministerio Público. “Que, en el ejercicio de sus facultades legales, revierta esta medida y cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social”, concluyen.