Apertura al diálogo y división en la oposición: las reacciones tras informe de Comisión para la Paz

Apertura al diálogo y división en la oposición: las reacciones tras informe de Comisión para la Paz

El informe emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que ya fue entrgado al Presidente Gabriel Boric y que contiene 21 recomendaciones para solucionar el conflicto territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, dejó diferentes reacciones, desde disposición a dialogar como divisiones en la oposición.

Fueron 22 meses, con prórrogas de por medio, los que tuvieron que pasar para que finalmente, este martes, la instancia entregara el documento con 118 páginas al mandatario.

Esto, luego de que la Comisión para la Paz y el Entendimiento llegara a su fin el pasado 30 de abril, al cumplir su mandato. Ese día, se aprobó -con 7 de 8 votos- el informe final.

Las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

De esta manera, dentro de las 21 recomendaciones que están en el texto, la primera es el “reconocimiento constitucional”, que establece que el Estado debe reconocer a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos.

Lo anterior, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por su parte, el segundo punto dice relación con el reconocimiento a las formas propias de organización mapuche. Entre otros puntos, se establece avanzar hacia una ley de Reparación a Víctimas.

Pero, sin dudas, uno de los principales nudos que -de hecho- no permitió la unanimidad del informe, fue el tema territorial.

En ese sentido, se establece un nuevo sistema de tierras: “Será necesario resolver el problema presupuestario con un plan integral que permita dar una respuesta más rápida y efectiva a las demandas de reparación”, se lee en el sistematizado ejecutivo.

“Se recomienda que este nuevo sistema tenga la siguiente estructura:

a. Una Agencia de Reparación, como un servicio público, funcionalmente descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del nuevo organismo de alto nivel jerárquico que se cree.

Esta agencia será creada por ley, y su objetivo será la administración de un sistema de reparación, que contará con un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho.

b. Un Sistema de Financiamiento consistente en un Fondo Financiero para solventar el nuevo sistema de reparación, consistente en la suma de lo que gastaría el Estado de mantenerse el sistema actual de entrega de tierras.

Además, en el texto se lee que “de acuerdo con el diagnóstico de tierras realizado, este fondo tendrá un valor en

torno a los USD $ 4.000 millones creándose por ley, según lo establecido en estas mismas recomendaciones”.

“El Fondo Financiero pondrá los recursos pertinentes a disposición de la Agencia de Reparación para que esta pueda cumplir con los objetivos propios de su competencia”, se agrega.

Las reacciones: apertura al diálogo y división en la oposición

Se trata de recomendaciones que el Presidente Boric recién conoció en detalle ayer, ya que la entrega del informe no fue solo un acto simbólico, sino que el mandatario no había tenido acceso al informe completo oficial.

Así, el jefe de Estado señaló que la responsabilidad es de Estado y no con fines electorales.

Por otra parte, cabe mencionar que se trató de un proceso que el sector empresarial observó de cerca. De hecho, a pesar de la falta de unanimidad, valoraron el trabajo que realizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Así lo hizo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien, si bien lamentó que el representante de la agricultura -Sebastián Naveillán- no diera la unanimidad, planteó que hay que ver todas las observaciones.

En esa línea, tras varios días de descargos en los medios de comunicación, donde incluso acusó que se generaron momentos de tensión al término de la comisión, Naveillán habló nuevamente, matizando el tono y señalando que “todo es perfectible”.

En tanto, en la oposición hay división. Por ejemplo, el Partido Republicano tildó el texto de “octubrista”, mientras que en la UDI hay cuestionamientos de fondo.

En ese sentido, el timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, sostuvo que “el documento no es suficiente”.

Por otro lado, los presidentes de ambas corporaciones del Congreso, el senador Manuel José Ossandón y el diputado José Miguel Castro -los dos militantes de RN- llegaron hasta el Palacio de Gobierno, para participar de la ceremonia.

Ambos mostraron una mirada más abierta al diálogo. De hecho, Ossandón respaldó tanto a Alfredo Moreno como a la senadora Carmen Gloria Aravena; mientras que Castro llamó a leer el documento.

También, el 1 de mayo, un día después del término de la comisión, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, publicó en X que debía respetarse el reglamento por “unanimidad”.

“En Chile, la palabra debe valer y los acuerdos se deben respetar”, sostuvo, y dijo que “es vital reconocer el terrorismo en el sur de nuestro país, apoyar a las víctimas y no hipotecar el desarrollo de las regiones más golpeadas con entregas desmedidas de tierras. Sin ello, no hay entendimiento posible”, escribió.

Sin embargo, ayer matizó su declaración, indicando que si bien debe establecerse el concepto terrorismo, el texto debe ser leído en detalle.

Aquello encontró respuesta en el excopresidente de la comisión, Alfredo Moreno, quien indicó que el mandato de la comisión no era abordar temas de seguridad.

¿Qué viene ahora?

Con este hito se traspasó al Estado la responsabilidad de la aplicación de las medidas, por lo que se prevé que en las próximas semanas, el gobierno avance en impulsar proyectos de ley en base a las propuestas que zanjó el informe

Para esto, la planificación del Ejecutivo considera la confirmación de un equipo encargado de dar seguimiento a las recomendaciones, que estará a cargo del Ministerio de la Secretaría General de la República.