Facturas falsas en el Congreso: CDE sale a la caza de Lavín Jr y su círculo de hierro

Facturas falsas en el Congreso: CDE sale a la caza de Lavín Jr y su círculo de hierro

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) salió a la caza del diputado (ex UDI), Joaquín Lavín León. A través de una querella presentada este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el organismo se sumó a la persecución del congresista y de su círculo de confianza, conformado por sus ahora ex asesores: Arnaldo Domínguez Vallejos y Felipe Vásquez Diéguez. A ellos se suma Juan Silva Morales, figura clave en la investigación.

Según información recopilada por BBCL Investiga, si bien el libelo aún no ha sido acogido a trámite, la presentación era ampliamente esperada para que el Ministerio Público proceda, en el corto plazo, a solicitar el desafuero de Lavín León.

Sobre este último pesa una investigación desformalizada a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, persecutora que también lidera la causa por delitos de corrupción contra la exalcaldesa de Maipú y cónyuge del parlamentario, Cathy Barriga.

El desvío

De acuerdo a fuentes consultadas por esta Unidad de Investigación, el Ministerio Público indaga a Lavín por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.

“Esa imprenta era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña, eso lo puedo indicar porque al retirar material veía fotografías de otros personajes políticos del mismo sector político”, atestiguó en el marco de esta causa D.N.R.M., uno de los brigadistas relacionados a Lavín.

Tal como reveló BBCL Investiga, el imputado rindió a la Cámara 10 facturas, por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.

Así lo reconoció el propio Juan Silva Morales, representante de esa compañía y también querellado por el CDE. El empresario —pieza clave en la indagatoria contra el parlamentario— prestó declaración el 16 de octubre de 2024. En su alocución, desclasificó que lo conoció cuando Lavín era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.

“Las [facturas] que dicen ‘cuenta pública’ son todas facturas que corresponden a deudas por otras cosas, que podrían corresponder a compaña o cosas personales de él”, explicó al ser inquirido por la fiscalía.

El propio imputado vinculó en el entramado a Arnaldo Domínguez, asesor parlamentario de Lavín también querellado por el CDE. Era Domínguez —aseguró Silva— el intermediario para la prestación de los servicios.

“Quisiera dejar constancia de que en ese momento no imprimí ningún diseño de cuenta pública y diseño paloma publicitaria como se indica en la factura, era solamente una forma de que me pagara cosas que me adeudaba por campañas electorales […] Es la instrucción que me dio Arnaldo para emitir esa factura y por lo tanto puedo decir con certeza que los trabajos indicados en la glosa no existieron, no se hizo lo que se indica en la glosa, sino que era un abono a deuda de otras cosas que ellos me mandaban a hacer”.

De acuerdo a la indagatoria, por la campaña a reelección de Lavín de 2021, MMG facturó $8,8 millones. El diputado pagó un abono de 900 mil, pero quedó un saldo de $6,4 millones. El modus operandi para pagar ese remanente fue justamente hacerlo pasar por trabajos asociados al Congreso. Los mismos eran rendidos por el parlamentario en el edificio de avenida Pedro Montt.

“Quisiera hacer presente que el 29 de noviembre de 2018, Arnaldo Domínguez me solicitó por mail, la impresión de telas PVC ‘elecciones internas UDI’, por lo que este trabajo debe encontrarse incluidos en la cuenta”, acotó respecto de otra glosa rendida.

Los asesores

Arnaldo Domínguez, aparece ampliamente mencionado en la causa de la fiscal Encina. Según Silva fue él quien también le propuso que los pagos serían “mensuales” con facturas emitidas a Lavín, para luego rendirlas al Congreso.

“Esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testimonió el representante de la imprenta ante fiscalía.

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, hasta abril de 2025, el asesor seguía percibiendo remuneraciones de parte del Congreso: $3,4 millones mensuales. Fue cesado de sus funciones el 13 de ese mes, en medio del escándalo.

Pero hay más. El libelo del CDE suma también otro ex asesor de Lavín: Felipe Vázquez Diéguez. Hasta 2019 fungió como consultor en el Congreso, pero —al mes siguiente de terminar su contrato— continuó prestando servicios para el esposo de Barriga. Lo hizo como proveedor de servicios del sitio web “Modo 74”, más conocido como “SocialTazk”. Según la indagatoria, el imputado había creado esa plataforma mientras aún ejercía sus labores de asesor.

Los “servicios” prestados por esta empresa —al igual que como ocurrió con la imprenta— fueron rendidos al Congreso. Se estima —de acuerdo a fuentes consultadas por este medio—, que alcanzaron a ingresar a lo menos 151 facturas por concepto de “mantención y sanitización de la página web y de bases de datos”. En total, los desembolsos superan los $75 millones. ¿El problema? Pese a las facturaciones, el servicio habría quedado inutilizable en 2022.

“La glosa no sería más que la fachada para encubrir el pago de otros conceptos personales; modus operandi similar al empleado a propósito de MMG”, reza una antigua querella de la Municipalidad de Maipú.

—En resumen, era una plataforma financiada por el Congreso que se usaba para fines electorales —dice una fuente conocedora de la materia.

Camino al desafuero

Sea como sea, la presentación del CDE podría ocasionar un giro en la indagatoria. Hasta ahora, la causa se ha sustanciado ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción sobre Maipú. Sin embargo, este nuevo libelo podría trasladar todo hasta el Séptimo. De acuerdo a quienes siguen de cerca el caso, la jugada obedecería no sólo a que la imprenta MMG tiene domicilio en Santiago Centro, sino también porque el tribunal con asiento en esta última comuna tienen “más experiencia” en delitos económicos.

Esto último —aseguran los mismos consultados— derivó en las interminables idas y salidas de la cárcel de Cathy Barriga y, en este caso, podría redundar —dicen— en medidas cautelares menos gravosas para Lavín en caso de ser formalizado. De esta forma, la Municipalidad de Maipú, también querellante, adoptaría una postura similar para conseguir el traslado.

Así las cosas, de acogerse a trámite la actual presentación del CDE, el camino quedará allanado para que el Ministerio Público ingrese una solicitud de desafuero en contra de Lavín Jr.

Según fuentes de este medio, en las próximas semanas la Fiscalía Metropolitana Oriente debería ingresar el escrito para poder levantar el fuero parlamentario y comunicarle cargos al ex UDI.

En el caso de Barriga, su defensa, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic, solicitó nuevas diligencias. De ahí que el plazo de investigación debería ampliarse antes de comunicar un eventual cierre y acusación.