Por qué Fiscalía indaga el primer contrato de ProCultura con la Gobernación Metropolitana y la respuesta de Orrego

Por qué Fiscalía indaga el primer contrato de ProCultura con la Gobernación Metropolitana y la respuesta de Orrego

En febrero de 2022, pocos meses antes del convenio Quédate de prevención del suicidio, el Gobierno Regional Metropolitano contrató una consultoría de ProCultura para temas de salud mental. Aunque es un monto menor ($6,6 millones) Fiscalía ha interrogado a funcionarios del Gore sobre esta transferencia que da cuenta de los primeros vínculos con la fundación de Alberto Larraín y que, según testimonios, fue un mecanismo para pagar los servicios de la jefa de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme.

Declaración. En su declaración como imputado del 17 de diciembre de 2024, el gobernador Claudio Orrego fue consultado por Fiscalía respecto a otro contrato que había suscrito el Gobierno Regional Metropolitano con la Fundación ProCultura, previo al convenio para el programa Quédate de Prevención del Suicidio indagado por eventual fraude al fisco.

Orrego dijo que desconocía ese primer contrato.

“A su consulta, desconozco todo antecedente respecto a la contratación de la fundación “Procultura” a través de un trato directo por “servicio especializado”. Dicho contrato lo supe ayer lo que fue informado por Manuel Gallardo (administrador regional) a instancia de que se estaban recopilando antecedentes para la presente declaración. En ese punto, quiero indicar que los contratos de menor cuantía los delego en las jefaturas pertinentes a cada caso”, señaló.

Los detalles. El contrato al que apuntaba Fiscalía se trata de una orden de compra emanada por el Gobierno Regional Metropolitano el 22 de febrero de 2022, cuatro meses antes que el Consejo Regional aprobara el convenio con ProCultura para el programa Quédate.

• Según información disponible en Mercado Público, se trata de una consultoría que realizaría la fundación denominada “Servicio Especializado para formulación de perfil de un estudio y de un programa de Inversión para la División de Desarrollo Social y Humano del GORE RMS” bajo el ítem “programas de salud pública”.

• El monto pagado fue de $6.600.000. Una cifra sustancialmente menor a los $1.600 millones pagados por el convenio de prevención del suicidio, pero que da cuenta de los primeros vínculos financieros entre el Gobierno Regional y la fundación de Alberto Larraín.

• En el historial de compra se observa que el proyecto contemplaba elaborar iniciativas sociales sobre temáticas de salud mental y cuidados.

• Basándose en las indicaciones textuales de la División de Desarrollo Social Humano DIDESOH, ProCultura presentó un documento de ocho páginas con el diseño de la consultoría donde señala que el equipo de cinco profesionales “será acompañado y supervisado por el médico psiquiatra Alberto Larraín Salas, Director Ejecutivo de la Fundación, Magister en Bioética, Doctorando en Salud Pública. Director del Centro Bioética Albert Einstein de la Universidad Autónoma”.

• Por resolución exenta del 21 de febrero se aprobó la modalidad de trato directo (y no licitación) para contratar a ProCultura.

• ProCultura emitió el 23 de agosto de 2022 una factura al Gore, documento en que señala como giro “Fundación Cultural, Ases, proyectos culturales, vta. libros. Editorial”.

Extensión de plazo. Aunque ProCultura tenía un plazo para elaborar el informe de 63 días, pidió una prorroga y el 25 de mayo de 2022 la división de administración y finanzas del Gore, emitió otra resolución exenta que les extendió el plazo en 30 días.

• La solicitud de prorroga fue solicitada mediante una carta firmada el 4 de mayo por Alberto Larraín enviada a la Gobernación.

• “Junto con saludar y agradecer la posibilidad de trabajar en conjunto por y para la Región Metropolitana, nos dirigimos a ustedes en el marco de la ejecución del SERVICIO ESPECIALIZADO DE FORMULACIÓN DE PERFIL DE ESTUDIO Y PROGRAMA DE INVERSIÓN, el cual estamos llevando a cabo como Fundación Procultura (…) Esta labor que fue asignada a nuestra Fundación por medio de Mercado Público, colocando como fecha de término el 30 de abril de 2022. No obstante, debido a la necesidad de resguardar los espacios participativos de las organizaciones involucradas en los temas a abordar, se solicita una ampliación de plazo que involucre permitir entregar los productos comprometidos el 31 de mayo”, señala el documento.

• Cabe señalar que a inicios de junio de 2022 Alberto Larraín fue nombrado miembro del directorio de la Corporación Regional de Santiago a propuesta de Orrego y con la aprobación del Core. Se mantuvo en ese cargo varios meses en forma paralela a adjudicarse el convenio por Prevención del Suicidio.

Qué indaga Fiscalía. Según consta en la carpeta de investigación del caso ProCultura, donde se indaga la pérdida de $1.000 millones que la fundación no rindió a la gobernación por el programa Quédate, Fiscalía ha realizado diversas consultas sobre el primer contrato previo al convenio.

• Fiscalía preguntó por dicha consultoría a varios funcionarios del Gore y a empleados de ProCultura.

• Evelyn Magdaleno (PS) quien era jefa de DIDESOH declaró que entre las prioridades de su división eran los temas de salud mental. Para ello quiso contratar a la socióloga María Teresa Abusleme, antigua conocida suya, quien era directora de estudios de ProCultura.

• “No obstante, desde el departamento jurídico, nos informaron que para contratar servicios especializados no era posible realizarlo a través de una persona natural. Proponiendo María Teresa que podríamos hacerlo a través de fundación “Procultura” ya que ella trabajaba en esta”, señaló.

• Magdaleno también debió declarar respecto a Gabriel Prado, funcionario pagado por ProCultura y pareja de María Teresa Abusleme, que entró a trabajar al Gore Metropolitano para servir de enlace en el convenio Quédate. La directiva señaló que a Prado se le otorgó acceso a las oficinas, credencial y correo institucional del Gore, pese a pertenecer a la fundación privada. También realizaba tareas para la división del Gore.

• Los empleados con dobles funciones que son pagados por fundaciones privadas mientras trabajan en el servicio público, es una de las situaciones irregulares que se investigan en las diversas aristas del Caso Convenios.