Revisarán Capredena y Dipreca: siguen los efectos tras escándalo por licencias médicas fraudulentas

Revisarán Capredena y Dipreca: siguen los efectos tras escándalo por licencias médicas fraudulentas

Las repercusiones tras revelarse el escándalo por las licencias médicas fraudulentas siguen escalando. Tanto así, que desde la Contraloría General de la República anunciaron nuevas revisiones a instituciones y detallaron las medidas que han tomado.

En medio de una exposición que se extendió por casi dos horas, la contralora Dorothy Pérez se refirió al informe publicado la semana pasada, donde se reveló que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica.

En la instancia, Pérez sostuvo que no solo dieron a conocer los datos, sino que tomaron acciones concretas: ordenar sumarios administrativos; enviar al Ministerio Público la nómina de todos los funcionarios, ya que los hechos pueden revestir carácter de delito; enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por eventual daño al patrimonio público; y el inicio de un sumario -desde Contraloría- en Fonasa, Suseso y Compín, el cual contemplará 4 años.

Además, en más de una oportunidad, lanzó sus dardos a los servicios públicos, asegurando que hay algunos que no transparentan ni cumplen con entregar a Contraloría los datos sobre sus funcionarios. Asimismo, criticó a otras instituciones que no se preocupan de recuperar los fondos de las licencias para reintegrarlos al fisco, y dijo que por acción del ente contralor entre 2023 y 2024 se recuperaron más de 14 mil millones de pesos.

Por otro lado, señaló que no solo la Contraloría o los organismos de control interno pueden estar fiscalizando, sino que la actitud debe cambiar a nivel global.

En la misma línea, Pérez dio a entender que las superintendencias podrían haber encontrado esta información y otras, sin esperar que el órgano de control externo lo detectara.

También, expuso diferentes ejemplos, como el de funcionarios que hicieron estudios de postgrado fuera del país mientras estaban con licencias. También se mostró afiches de redes sociales en los que se vendían licencia de 30 días a $60 mil.

Por último, posterior a la sesión en el Congreso, la contralora aseguró que esto no terminará acá y anunció nuevas investigaciones, incluyendo a Capredena y Dipreca.

En la instancia también estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud, quienes aseguraron que están trabajando en esto desde 2022, con un convenio entre las subsecretarías del ministerio y la Compin, que lleva más de 293 querellas y 1200 sumarios.

Además, plantearon que hay tres proyectos de ley que van de la mano con ese trabajo. Por ejemplo, dieron urgencia a una ley ya promulgada que tiene relación con los grandes emisores de licencias; también ejemplificaron con el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud que se está discutiendo en el Senado; y por último, se refirieron al proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral (SIL) que se comprometió ingresar en el primer semestre de este año.

Frente a este tema, el Presidente Gabriel Boric, quien señaló que cuando se defrauda la fe pública tiene que haber sanciones gravosas, llegando incluso a la destitución.

Por su parte, el presidente de la comisión de Salud, senador Iván Flores (DC), apuntó a que con lo que se ha conocido, hay redes organizadas que deben ser perseguidas penalmente.

En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que se deben limitar topes máximos de emisión de licencias. Además, hizo un llamado de pasar de la retórica a la acción para tomar medidas.

Por otro lado, también se abordó la circular relativa a médicos que, con licencia en sus hospitales, atendieron partos en clínicas privadas o sus mismos establecimientos.

Además, la contralora se refirió al convenio entre la PDI y la Suseso, señalando que solo permitía el traspaso de información sobre 30 personas y eso imposibilitaba su efectividad, por lo que invitó a que ese tipo de acuerdos se vayan renovando y haciendo acorde a las herramientas tecnológicas.

Al ser consultada por los Comités Locales de Ausentismo planteados por el Ministerio de Hacienda, la Pérez citó el artículo 21B, que se incorporó a la ley orgánica de la Contraloría y les prohíbe opinar sobre cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia de decisiones administrativas.

Con ello, la Comisión acordó revisar una eventual modificación de esa norma para no limitar la acción de la Contraloría, lo que fue valorado y agradecido por Dorothy Pérez.

Se refirió a los mismos comités el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abordó las críticas, apuntando a que las instancias no son solo de diagnóstico y asegurnado que estarán encima de los sumarios para que culminen con rigurosidad y urgencia.

Así, una de las críticas a los comités es que sean los funcionarios los que formen parte. Ante ello, el secretario de Estado dijo que lo principal es que los funcionarios estén en la instancia porque son ellos los que más sienten el peso de la sobre carga de trabajo cuando un par está con licencia y los que no quieren más desprestigio de la función pública.

En representación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su presidente, José Pérez, se refirió al daño a la imagen de la función pública.