Exgerenta de ProCultura acusa que Fiscalía le ha impedido acceso a antecedentes de la investigación
La ex gerenta general de Procultura, María Constanza Gómez, solicitó una audiencia de cautela de garantías debido a que el Ministerio Público le ha impedido el acceso a antecedentes de la investigación. La también actriz igualmente pidió que se clarifiquen los hechos por los que se la está indagando.
Actualmente, el Caso Procultura es llevado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Entre los imputados se encuentra Gómez, ex gerenta general y representante legal de ProCultura, y cuya firma aparece en convenios tan cuantiosos como el del programa “Quédate”, del Gore Metropolitano, por más de $1.683 millones.
En su petición ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, Gómez apuntó al equipo de Bekios, asegurando que sus abogados, Alejandro Alegría Villarroel y Sebastián Soto Caviedes, han pedido en tres ocasiones que se les entregue copia de antecedentes de la investigación.
Así, el escrito señala que el 27 y 30 de mayo y el 2 de junio sus representantes solicitaron copias de la información de los dispositivos de la misma Gómez, Francisco Fuentes y Alberto Larraín; de los correos institucionales de ProCultura, y de la carpeta investigativa.
Sin embargo, después de su insistencia la mano derecha de Bekios, el persecutor Eduardo Ríos Briones, recién les respondió el 2 de junio que “la única forma de obtener copias actualizadas de la carpeta de investigación era concurriendo personalmente a la ciudad de Antofagasta”, sin hacer alusión a las otras peticiones.
Por otro lado, Gómez argumentó que en la tramitación del recurso de amparo por las intercepciones a la exesposa de Larraín, Josefina Huneeus, durante los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ventiló que se la estaba investigando por más delitos de los que se vislumbraban en la carpeta investigativa.
Gómez citó las palabras del persecutor que presentó en dicha instancia, Eduardo Yáñez, quien mencionó, además de fraude al fisco y lavado de activos, los ilícitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta.
A juicio de la defensa, las actuaciones del Ministerio Público inhabilitan “en su fase más primaria a la materialización lógica del derecho a la defensa técnica, así como también al derecho a un debido proceso”, por lo que pidió una audiencia para que se cautelen sus garantías y se le informen los hechos que están siendo investigados en su contra.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó la sesión para las 8:30 horas del 21 de julio de 2025. A pesar de que los abogados de Gómez pidieron poder asistir de forma remota, el tribunal no lo concedió.
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