Caso Bernarda Vera: UDI pide investigación en Contraloría y PC responde con duras acusaciones por violaciones a DDHH

Caso Bernarda Vera: UDI pide investigación en Contraloría y PC responde con duras acusaciones por violaciones a DDHH

Parlamentarios gremialistas denunciaron un supuesto "plan para defraudar al fisco" insinuando la participación del Partido Comunista. La diputada Pizarro acusó a la tienda de oposición de buscar impunidad para los criminales de lesa humanidad.

Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), llegaron esta mañana hasta la Contraloría General de la República para ingresar un oficio a raíz del caso de Bernarda Vera. Los legisladores llamaron al ministro Luis Cordero a asumir la responsabilidad política y pidieron al órgano contralor investigar un supuesto plan para desfalcar al Estado en el que, según señalaron, podría estar el Partido Comunista. Al respecto, la diputada Lorena Pizarro respondió con dureza y aseguró que “es la misma derecha capaz de exterminar a personas por pensar distinto”.

Siguen las reacciones al reportaje de CHV Noticias que dio a conocer el caso de Bernarda Vera, una supuesta falsa detenida desaparecida del régimen de Augusto Pinochet que, según la investigación, estaría viviendo en Argentina. Esto, mientras que su nombre figura en el Informe Rettig como una de las mil 162 víctimas y su familia recibe una pensión de reparación.

A raíz de lo anterior, este martes los parlamentarios de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, llegaron hasta la Contraloría General de la República para oficiar al órgano contralor a investigar el caso de Bernarda Vera y otros “posibles” detenidos desaparecidos.

Al respecto, Daniel Lilayu quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, afirmó que la pregunta que ellos y todos los chilenos se hacen es: “¿Cuántas Bernarda Vera existen en Chile en este momento? ¿Cuántas responsabilidades o cuántas personas han sido responsables de algo que no es verdad? Aquí claramente hay varios aspectos. Uno es fraude, porque es un fraude al fisco. Aquí hay recursos comprometidos, pero también es una lesión a la fe pública. La fe pública a todos los chilenos, que es muy importante”.

Asimismo, el parlamentario aseveró que el Gobierno está intentando “esconder muchas verdades debajo de la alfombra” y llamó al ministro Cordero a asumir las responsabilidades políticas.

Recordemos que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, era el ministro de Justicia cuando comenzaron a llegar los primeros antecedentes de este caso. Este lunes Cordero indicó que el caso fue detectado dentro de las labores del Plan Nacional de Búsqueda. En esa línea, afirmó que el Estado está estudiando presentar una querella respecto al posible caso de falsa detenida desaparecida y aseguró que la familia de Vera en Chile “ha actuado de buena fe y con total desconocimiento” de cualquier irregularidad. Por eso, hizo un llamado a la prudencia y al respeto hacia los familiares involucrados.

Cordero también detalló que los antecedentes preliminares habían comenzado a circular en 2024 y que el cruce de datos incluyó intercambio con autoridades suecas. Así, explicó que el Plan Nacional de Búsqueda notificó a la hija de Vera en Chile durante enero de 2025, y que las evidencias provenientes de Suecia arribaron a Chile entre abril y mayo de este año. Luego de ello, los antecedentes fueron entregados al juez que investiga el caso. También negó que un exfuncionario del Plan le hubiera informado directamente sobre la situación.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri insistió en los cuestionamientos contra Cordero: “¿Por qué no denunció? Por supuesto que el Plan Nacional de Búsqueda ayuda a que surjan estos casos. Pero, ¿por qué no nos enteramos todos los chilenos? ¿Por qué el ministro no fue, cruzó la calle y fue al Consejo de Defensa del Estado a decirle que el Estado ha pagado 40 años de pensión por una causa que no existía? Por lo tanto, desde la Cámara de Diputados vamos a pedirle al ministro Cordero que explique aquello”.

Además, Alessandri reveló la importancia del dinero que el Estado entregó a la familia de Bernarda Vera como indemnización.

“Aquí no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del erario fiscal, de cómo se cuidan los dineros fiscales. Y si usted junta falsos exonerados, si usted suma eso, las pensiones de gracia pagadas a los delincuentes del estallido social, y ahora suma este tema, evidentemente que va apareciendo cada vez más una asociación ilícita. Y vamos a investigar para ver si hay un organizador de este plan para defraudar al fisco. Vamos a investigar para ver si está el Partido Comunista detrás de este plan para defraudar al fisco”, lanzó Alessandri.

En esa misma línea, puso en duda la culpabilidad de los criminales de lesa humanidad encarcelados en Punta Peuco: “Pueden haber personas condenadas a privación de libertad en la cárcel por asesinato de personas que están vivas”.

La respuesta desde el Partido Comunista

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, respondió con dureza las declaraciones del parlamentario Jorge Alessandri y sostuvo que la derecha chilena “es la misma derecha capaz de exterminar a personas por pensar distinto”.

“Es la misma derecha que sabe que Miguel Krassnoff Martchenko no solo violó, asesinó a Lumi Videla, que le sacó sus pezones con un alicate. Es la misma derecha que sabe que cometieron esos crímenes, entre otros, contra cientos de militantes del Partido Comunista. Y que con la misma falta de ética, de inhumanidad, de cobardía, la misma basura de siempre, es capaz de ir y buscar como responsable a uno de los partidos más perseguidos de la dictadura civil militar, donde cientos de sus militantes fueron secuestrados y hasta el día de hoy hechos desaparecer. Dentro de ellas, varias mujeres embarazadas”, declaró la parlamentaria.

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que la derecha “sigue siendo la misma basura cobarde que fue capaz de violar durante 17 años los derechos humanos en nuestro país. Porque lo que ocurre con esta mujer, que quizás no es una detenida desaparecida, tenemos que confirmarlo, también es responsable la derecha”.

La expresidenta de la AFDD enfatizó que mientras los civiles y las Fuerzas Armadas sigan amparados en el pacto de silencio, “no vamos a saber la verdad de lo que ocurrió con nuestros detenidos y detenidas desaparecidas”.

Por otra parte, ante la aseveración del diputado Alessandri en la que pone en duda el encarcelamiento de los detenidos de Punta Peuco, Pizarro aseguró que la oposición “siempre ha buscado la impunidad para los violadores de derechos humanos“.

“Decirle al señor Alessandri, aunque él lo sabe, porque es parte de una familia de derecha que no ha respetado nunca los derechos humanos, que los presos condenados por violaciones de derechos humanos, que son pocos al lado de la magnitud del exterminio, por lo tanto la mayoría vive la impunidad, precisamente no están condenados por un caso. Muchos de ellos acumulan muchas condenas porque su sangre la llevan impregnada en su cuerpo de cientos de víctimas que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer“, aseveró.

La parlamentaria emplazó a la derecha a que “si ellos creen que las violaciones de derechos humanos fueron correctas, que las asuman. Y no anden victimizándose 50 años después, sino que asuman la cobardía que ellos mismos representan”. 

AFEP llama a no sacar aprovechamiento del caso

A través de una declaración pública, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), cuestionó el reportaje emitido por CHV Noticias tachándolo de “tendencioso” y afirmaron que caso de Bernarda Vera es “excepcional y particular”.

Así, criticaron el reportaje del canal privado, ya que a su juicio “pretende de manera encubierta hacer una generalización malintencionada. La situación de Bernarda Vera debe ser resuelta judicialmente, y si ella está viva serán los tribunales los que deben establecer la verdad y sus alcances, jurídicos, sociales y familiares”.

“Rechazamos todo aprovechamiento político de esta situación, que se nutre de un sensacionalismo periodístico, que carece de una ética profesional civilizatoria. A 52 años del golpe de Estado y 35 años del término de la dictadura civil militar, la situación de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, sigue sin resolverse porque los agentes del Estado, que ejecutaron esos crímenes de lesa humanidad, cobardemente, mantienen un pacto de silencio al servicio de la impunidad, y respecto a esto el reportaje televisivo nada dice”, finaliza el documento.