Delitos Juveniles

Frank Sauerbaum 

Diputado por Ñuble

Delitos Juveniles 

Durante los últimos años el país ha experimentado un alza sostenida de aquellos delitos de alta connotación social que son cometidos por adolescentes, así como también un alza en el empleo de armas para el mismo fin. 

El aumento en el número de causas por delitos cometidos por adolescentes ha subido sostenidamente y durante el año 2024 llegaron a los 40.069. En nuestro Ordenamiento Jurídico los adolescentes están sometidos a un sistema de responsabilidad penal especial, contemplado en la Ley N°20.084, que hace imputables a aquellas personas de entre 14 y 17 años de conformidad con las reglas que la ley plantea.

El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente es en general considerablemente más benigno que el sistema adulto puesto que las penas que contempla son siempre más bajas, prefiere el cumplimiento de condenas en libertad y las sanciones ante el quebrantamiento no son drásticas. De igual manera, prevé mecanismos como la sustitución o la remisión de la pena en un sentido amplio y la ausencia de sanciones adicionales ante el quebrantamiento de las condenas de internación en régimen cerrado (fuga e incumplimiento). Esto se ha convertido en un incentivo para la realización de más delitos y que estos sean cada vez más violentos (“portonazos”, robos con violencia, homicidios). 

En la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto promovido por mi bancada que en los hechos constituye la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil, un paso clave en la estrategia nacional contra la delincuencia y el uso de adolescentes por parte del crimen organizado. Este proyecto, que ahora avanza al Senado, responde a una preocupación creciente: el incremento de menores involucrados en delitos graves, muchas veces reclutados por bandas que aprovechan la baja sanción penal para utilizarlos como mano de obra desechable. 

La iniciativa moderniza la antigua Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y busca equilibrar dos principios esenciales: la protección de los jóvenes y la necesidad de enfrentar con firmeza los delitos violentos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la diferenciación según la gravedad del delito: mientras se fortalecen programas de reinserción y medidas socioeducativas para infracciones leves, se endurecen las sanciones para crímenes graves como homicidio, violación o participación en organizaciones criminales. Otro punto central es la mayor coordinación entre Sename, tribunales y organismos de seguridad, de modo que los jóvenes infractores reciban un seguimiento efectivo y no queden a la deriva tras cumplir sanciones. 

El proyecto además contempla la creación de unidades especiales de reinserción, con foco en educación, capacitación laboral y tratamiento de adicciones, reconociendo que muchos de estos adolescentes provienen de contextos de vulnerabilidad profunda. La ley también busca atacar directamente el uso de menores por parte del crimen organizado: se incorpora un agravante específico para adultos que recluten o utilicen adolescentes en la comisión de delitos, aumentando significativamente las penas. De esta forma, se envía una señal clara: la explotación de jóvenes por bandas criminales no será tolerada. 

En definitiva, esta aprobación constituye un avance concreto en el combate a la delincuencia, equilibrando justicia y reinserción. Chile necesita respuestas firmes frente al crimen organizado, pero también oportunidades reales para que los jóvenes puedan construir un futuro lejos de la violencia.