Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

Un dictamen de la contralora Dorothy Pérez estableció que resulta improcedente que estas entidades, que son de derecho privado, usen recursos públicos en el pago de esos permisos médicos.

Una consulta de la Corporación Municipal de San Miguel fue lo que originó un nuevo dictamen por parte de la contralora Dorothy Pérez.

Esa corporación solicitó a la Contraloría un pronunciamiento sobre la procedencia de que dicho organismo otorgue a sus trabajadores, sujetos al Código del Trabajo, el derecho a obtener el pago íntegro de sus remuneraciones durante el periodo en que hagan uso de licencias médicas.

Lo primero que explica el dictamen es que este tipo de corporaciones, si bien son parte de la administración municipal del Estado, tienen una particularidad ya que “son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es gestionar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor”.

El documento continúa relatando que las corporaciones “perciben financiamiento de origen fiscal, y aportes y subvenciones de las municipalidades”. Sin embargo, “tales fondos públicos se encuentran destinados a una finalidad concreta, de modo que únicamente pueden ser empleados en los objetivos específicos para los que fueron conferidos”.

Al ser entidades particulares, se lee en el dictamen, “las corporaciones municipales están sometidas a un régimen jurídico especial de Derecho público que rige a estas entidades y a los municipios que las constituyen e integran, a diferencia de lo que acontece con otras entidades completamente privadas, por lo que no corresponde entender que se trata de instituciones cuyos recursos puedan ser empleados libremente”.

Respecto del sistema de licencias médicas, la resolución consigna que el reglamento de Autorización de Licencias Médicas de las Compin e Instituciones de Salud Previsional “establece que durante la vigencia de una licencia médica se podrá gozar de un subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo, o de ambas, en la proporción que corresponda”.

En esa línea añade que no existe “normativa alguna que autorice a dichos organismos para destinar recursos públicos, con el fin de anticiparles el pago de dichos estipendios u otorgarles montos mayores a los establecidos en la normativa vigente”.

Por esta razón, la contralora determinó que “resulta improcedente que una corporación municipal destine recursos públicos para anticipar el pago de sus estipendios a los trabajadores que hacen uso de licencias médicas u otorgarles montos mayores a los establecidos en la normativa vigente”.

Seguir permitiendo eso, plantea el dictamen, “podría implicar un daño a la eficiencia con que las corporaciones municipales deben gestionar sus recursos financieros toda vez que por esta vía pueden otorgarse derechos excesivos que menoscaben su patrimonio”.

El dictamen se enmarca dentro de la arremetida de la Contralora para fiscalizar el uso de recursos públicos en el pago de licencias médicas por parte de organismos del Estado. Este trabajo, que ha sido celebrado por empresarios y parlamentarios, partió con el cruce de datos que hizo para detectar los funcionarios que teniendo licencia médica viajaron al extranjero.

Este dictamen, despachado recién el 18 de noviembre, probablemente provocará la molestia de las organizaciones municipales. Tal como ya ha pasado previamente -por ejemplo con el tema de la confianza legítima de los funcionarios a contrata- todo indica que este resolución podría terminar impugnado con algún recurso de protección ante la corte de apelaciones. Pese a la judicialización, hasta el momento la contralora Pérez se mantiene invicta.