Incremento de los femicidios en Ñuble

Incremento de los femicidios en Ñuble

Este año se han reportado en Ñuble 14 femicidios frustrados y cuatro consumados, el último ocurrido en Ránquil, en octubre pasado, donde un hombre de 49 años dio muerte a su esposa de 42 con un arma de fuego.

Las estadísticas ubican a Ñuble en un vergonzoso sitial, liderando a nivel nacional en el número de femicidios, junto a las regiones Metropolitana y de Los Lagos, pero con una población inferior. Asimismo, el número de casos en lo que va del año duplica el total contabilizado el año pasado.

En cuanto a los femicidios frustrados, también muestran un aumento sostenido, ubicando a la región en sexto lugar a nivel nacional.

Según se puede verificar, en su mayoría los causantes de la violencia son hombres que mantuvieron una relación previa estrecha con quienes luego fueron objeto del crimen. De hecho, en casi todos los casos de femicidios que se han registrado en la zona los últimos años las víctimas eran mujeres que ya venían sufriendo de violencia intrafamiliar sistemática, pero nunca hicieron las denuncias.

Frente a esa situación, conviene hacer presente -una vez más- la necesidad de que los sistemas judicial y policial, una vez informados del problema a partir de una denuncia, obren con urgencia a fin de preservar la vida de la mujer.

Estudios a nivel nacional también confirman este aspecto. De dos mil casos denunciados, en el 71% el agresor se había constituido en pareja de la víctima y en un 29% ya estaban separados. Según las denuncias, el agresor fue el exesposo en 12% de los casos y en 17% el expololo. En la mitad de estos casos, la pareja vivía todavía en el mismo domicilio. 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, solo en el primer semestre de 2025 se registraron 2.710 causas por violencia intrafamiliar en los juzgados de garantía de Ñuble, lo que representa un alza de 58,9% respecto a igual periodo del año pasado. Los delitos más denunciados fueron las amenazas, lesiones, maltrato habitual y desacato. 

Los profesionales que atienden a las víctimas advierten también sobre una realidad que se repite en la mayoría de las comunas, y que se asocia con nuestros altos índices de ruralidad y las brechas en materia de conectividad digital, acceso a información y orientación profesional, que son finalmente una barrera para el acceso a la protección y ayuda que hoy ofrecen la justicia y las políticas públicas.

Es misión de las autoridades comprender este penoso problema que se amplifica en nuestra ruralidad y contribuir a concientizar y capacitar a los agentes sociales que pueden reducir sus alcances.

Se trata de una compleja cuestión, con origen en una multiplicidad de factores. Quienes lo han estudiado con más profundidad insisten en que la solución, siempre en el largo plazo, está en la igualdad de oportunidades, en la educación, la prevención, la concientización e implicación de la familia, de los amigos y del entorno, en primer lugar, y de las políticas públicas, en segundo lugar.

Es necesario que este tema esté presente en la agenda pública sin que medie una tragedia, y abrir espacios de conversación y abordaje de una cruel realidad que no puede ocultarse, tanto en los hogares como en los colegios, en los medios de comunicación y en los lugares de trabajo.

Educar en el respeto a la vida propia y ajena debe ser un pilar insustituible para la construcción del tipo sociedad que queremos legar a las próximas generaciones.