Música chilena gana batalla digital en la Cámara: aprueban la "Ley Tommy Rey" y pasa al Senado
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite constitucional la “Ley Tommy Rey” que reconoce el derecho a remuneración de artistas intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones musicales. Estas obras están fijadas en fonogramas o formatos audiovisuales en plataformas digitales.
La iniciativa se respaldó en general por 121 votos a favor y 5 abstenciones. Posteriormente, en la votación particular, se rechazaron indicaciones que pretendían eliminar el carácter intransferible de recibir esta remuneración. El texto proveniente de la Comisión de Cultura se apoyó con 124 votos a favor y 3 abstenciones.
El proyecto se originó en una moción de la diputada Marta González y otros legisladores. La Sociedad Chilena de Derechos de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) también promueve esta propuesta.
La iniciativa modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual y se conoce como “Ley Tommy Rey”. Este nombre rinde homenaje al fallecido cantante y compositor Patricio Zúñiga Jorquera, quien dejó un legado en la música popular como exponente de la cumbia. La moción indica que él, como otros intérpretes, no presentan una adecuada protección de sus derechos.
Un derecho irrenunciable para los artistas
La normativa define que los artistas, intérpretes y ejecutantes tendrán un derecho irrenunciable e intransferible a percibir una remuneración. Este derecho persiste incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales. Se activa por la puesta a disposición de sus interpretaciones fijadas en fonogramas por parte de un tercero, quien es responsable de dicho acto y de la remuneración.
Los artistas podrán hacer efectivo este derecho mediante la gestión directa o a través de una entidad de gestión colectiva que los represente. Este mecanismo busca facilitar el cobro y la distribución de los pagos correspondientes.
Para cumplir con lo establecido, la ley impone una obligación a las plataformas o medios digitales. Cuando pongan a disposición fonogramas o grabaciones, deberán informar a los artistas intérpretes o ejecutantes, a solicitud de estos, el número total mensualizado de reproducciones de cada una de sus obras en el territorio nacional.
Esta disposición de transparencia permite a los creadores conocer el uso exacto que se hace de su trabajo en el entorno digital.
Debate en la Cámara por “Ley Tommy Rey”
En el debate intervinieron numerosos legisladores, quienes manifestaron que esta normativa es un acto de justicia cultural y económico con los músicos chilenos. Los parlamentarios estimaron que sus creaciones e interpretaciones son parte de nuestra identidad.
Los legisladores relevaron que, pese a contar con miles de reproducciones de sus obras en plataformas digitales y de streaming, los intérpretes y ejecutantes no reciben ni un solo peso por ello. Resaltaron que con este marco legal podrán obtener lo que legítimamente se merecen, una retribución justa por el trabajo que desarrollan.
A su vez, valoraron que la ley de propiedad intelectual se ponga a tono con los cambios tecnológicos y con las nuevas formas de consumo digital. Señalaron que esto dará dignidad a los trabajadores del arte y la cultura, que viven en la precariedad laboral y económica.
Alineación con estándares internacionales
Los parlamentarios insistieron en que, según estudios internacionales, el 87% de los músicos no reciben regalías por la reproducción digital de sus obras. También manifestaron su rechazo a las cuantiosas ganancias de las trasnacionales, en desmedro de los músicos.
En tal sentido, destacaron que se avance en reglas claras para las plataformas que ya están reguladas en la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur. La aprobación de este proyecto posiciona a Chile en una senda similar a la de otras naciones que protegen los derechos de sus artistas en el ecosistema digital.
La ley busca equiparar las condiciones para los creadores nacionales, asegurando que el avance tecnológico no signifique una desprotección para quienes generan el contenido cultural. El proyecto continúa su tramitación en el Senado.
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