El debate por el proyecto que obliga visitas familiares a adultos mayores y los reparos que hizo la Corte Suprema

El debate por el proyecto que obliga visitas familiares a adultos mayores y los reparos que hizo la Corte Suprema

Un debate ha generado el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a visitas para adultos mayores, que propone procedimientos en tribunales de familia, multas de hasta 10 UTM y hasta derivación al Ministerio Público para casos más graves como de abandono o maltrato.

El proyecto, de autoría del senador Francisco Chahuán (RN), tiene como objetivo establecer un procedimiento especial para garantizar el derecho de las personas mayores de 65 años a mantener relaciones familiares y sociales.

Según indica el proyecto, "el continuo envejecimiento de la población de nuestro país ha traído a la luz una serie de problemáticas que antes no se consideraban o de pleno se encontraban invisibilizadas en cuanto a las personas mayores de nuestro país, estas situaciones han significado un menoscabo en cuanto a su autonomía".

"Actualmente, en nuestra legislación no se ha tenido en cuenta un procedimiento en específico que regule un régimen de visitas para las personas mayores, similar a la de relación directa y regular para niños, niñas y adolescentes, lo que ha llevado a los tribunales de familia a adoptar acuerdos en su lugar, sin fuerza obligatoria y en contexto normalmente de causas por violencia intrafamiliar", señala.

Así, la medida busca implementar un "procedimiento judicial expedito que regule las visitas y el contacto personal, asegurando la protección de su dignidad y bienestar" de toda persona mayor de 65 años, bajo el principio de interés superior de la persona mayor.

En esa línea, "toda resolución judicial dictada en virtud de esta ley deberá considerar como principio rector el interés superior de la persona mayor, entendido como la plena satisfacción de sus derechos, su bienestar integral y la prevención de situaciones de aislamiento o maltrato".

Bajo ese contexto, podrán solicitar el establecimiento de un régimen de contacto la propia persona mayor, sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su curador o representantes legales, y cualquier persona que acredite vínculos afectivos significativos.

Para llevar un registro de cumplimiento de la medida, se llevará a cabo un proceso de fiscalización: "Los Juzgados de Familia conocerán de las solicitudes de establecimiento, suspensión o terminación de un régimen de visitas o contacto periódico de una persona mayor con sus familiares con los cuales no convive".

En caso de incumplimiento injustificado del régimen de visitas o contacto, "será considerado infracción grave al derecho de la persona mayor a mantener relaciones familiares y sociales".

Por ello, "el tribunal podrá imponer multas de 1 a 10 UTM ($69.542 a $695.420), reiterables en caso de reincidencia, y en situaciones graves derivar los antecedentes al Ministerio Publico si los hechos configurasen delito de maltrato o abandono".

Reparos de la Suprema

Dado que el proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional, contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, debió ser remitido a través de un oficio a la Corte Suprema.

Al respecto, el máximo tribunal mencionó tras el análisis que "parece evidente que la iniciativa tiene buenas intenciones y reconoce un problema social real y de creciente recurrencia -el aislamiento de personas mayores y el envejecimiento de la población-, lo cierto es que su modo de implementación da lugar a varias consideraciones y cautelas tanto en su diseño normativo como en sus mecanismos procesales".

A lo largo de 12 páginas, se observó que en el caso de los adultos mayores, en comparación a los NNA, debe primar la autonomía personal, el derecho a la vida privada y a la asociación.

"En tal contexto, sustituir su voluntad por una noción abstracta de interés superior no solo podria resultar paternalista e invasiva, sino que podría terminar vulnerando la esencia de su autonomía", puntualizó el oficio.

Además, apuntaron al ejemplo de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de los Ancianos en China implementada en 2013, que obliga a los hijos adultos la obligación de visitar o comunicarse "frecuentemente" con sus padres mayores.

Sin embargo, se reparó en que dicha normativa "se origina en un contexto demográfico, cultural y político muy particular, caracterizado por el envejecimiento acelerado de la población, el legado de la política del hijo único y posibles problemas en una red de seguridad social sobrecargada. Estas circunstancias hacen de esta experiencia un caso excepcional y difícilmente replicable en realidades institucionales y sociales como la de nuestro país".

Sobre las sanciones, los jueces señalaron que "si la finalidad del proyecto es prevenir el maltrato, el abandono o la desatención de las personas mayores, el camino adecuado no parece ser judicializar la falta de cercanía o afecto, sino reforzar los instrumentos jurídicos ya existentes".

Consultado sobre el pronunciamiento, el senador Francisco Chahuán en conversación con Emol valoró que "la Corte se pronuncie y proponga líneas concretas para perfeccionar el proyecto".

En esa línea, afirmó que "hay varios puntos que resultan atendibles, entre ellos la conveniencia de revisar legislación comparada, por ejemplo, la experiencia de China, que cuenta con antecedentes en esta materia, lo que analizaremos para incorporar mejoras al texto".

"En cuanto al fondo, comparto la necesidad de no replicar una protección simétrica entre grupos, porque no correspondería resguardar de manera equivalente a niños, niñas y adolescentes, con las personas mayores, tal como lo plantea la Corte Suprema", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "esperamos que la iniciativa avance para presentar indicaciones en esa línea, de modo de fortalecer el proyecto y facilitar su tramitación hasta convertirse en ley".

Análisis de experta

En conversación con Emol, Macarena Rojas, directora ejecutiva Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, analizó la medida.

Al respecto, señaló que "en general, yo diría que bueno que se ponga atención en que atendamos a que efectivamente hay personas mayores en situación a veces de abandono o de soledad, pero lo que yo veo complicado es centrar la conversación en la preocupación o en la obligatoriedad de la familia".

A su juicio, "atender las problemáticas de las personas mayores solas o que están en situación de exclusión o en situaciones complicadas, requiere una verdad que es mucho más multidimensional, que solo poner semillas en el tema de la familia".

"Requiere un abordaje de política pública, donde también hayan redes sociales, comunitarias, vecinales, porque yo sé que la ley no está hecha específicamente para ese grupo, pero hay mucha diversidad en las relaciones familiares (...) A veces están rotas de antes, por situaciones complejas, y es difícil por imposición poner una visita obligatoria", advirtió Rojas.

Para la académica, la propuesta del senador Chahuán "incluso puede llegar a generar aspectos adversos de lo que se busca, porque lo que se busca es el bienestar de la persona. Pero si yo tengo una relación rota con mi hijo o con algún familiar, una visita, probablemente puede no necesariamente ser satisfactoria".

Sin embargo, afirmó sobre el proyecto en sí que "el espíritu es el correcto (...) El problema es que el abordaje de una persona mayor con pocas redes familiares o con redes familiares rotas, tiene que tener un abordaje desde el Estado, desde la política pública, desde lo comunitario y vecinal, y también desde lo familiar, pero no desde la imposición".

Según la directora ejecutiva Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, "no podemos seguir pensando que el acompañamiento de las personas mayores tiene que recaer solo en las familias, porque eso está cambiando mucho".

"Hoy día las familias son de formas muy diversas, en general antes habían muchos hijos para acompañar a uno o dos papás, y hoy en día eso no es así. Muchas veces adultos mayores no tienen hijos, o los hijos pueden vivir en otro país o en otra ciudad, entonces, no se soluciona solo como con interpelar a la familia para que se haga cargo de la persona mayor", cerró Rojas.