Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

El proyecto, que incluye un alza salarial de 3,4% real, continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado este mismo jueves.

Un trámite largo ha tenido el proyecto de reajuste del sector público, y no solo por su extensión de semanas de discusión, sino que también por la cantidad de temas que aborda el proyecto.

Por lo mismo, este miércoles se marcó un primer hito. La sala de la Cámara de Diputados, lo aprobó y despachó al Senado para que continúe su periplo legislativo.

En la discusión previa a la votación ya se fueron explicitando las posturas de los legisladores, quienes en su mayoría anticiparon que apoyarían el alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026.

Y así fue, puesto que se aprobó con votos de Chile Vamos, pero no así del partido Republicano.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026. De ese total, el CFA advirtió que de ese total US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que debería utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

La que no tuvo la misma suerte fueron las llamadas normas de amarre. Si bien el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado.

En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años. Esa indicación no prospero, ya que el oficialismo rechazó la indicación y aprobó la idea original de mantener en 2 años la confianza legitima. Esto generó el rechazo de la oposición que se hizo valer en la sala de la Cámara.

Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que esta norma se repondrá en el Senado, ya que es un compromiso que tiene el gobierno con la mesa del sector público.

“En términos generales en lo que se refiere al proyecto de ley en totalidad se aprobaron 119 de 132 artículos. Los rechazos estuvieron acotados en normas con quórum calificado. Al menos de las normas que fueron rechazadas las vamos a reponer para su discusión en el Senado”, precisó Grau.

Tampoco avanzaron las normas que permitían a correos de Chile habilitar la prestación de servicios logísticos por medios físicos, digitales o híbridos y para que Enap participe directa o indirectamente, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos, a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización.

En otros temas, se aprobó la norma que posterga el reavalúo de propiedades no agrícolas desde enero del 2026 a enero del 2027.

Respecto de la extensión del teletrabajo hasta 2028 -para servicios del gobierno central, universidades y centros de formación técnica del Estado, entre otros-, muchos opinaron que es preciso crear una ley específica para el sector público.

De hecho, una crítica amplia, que cruzó los sectores políticos, apuntó a que este proyecto considere tantas y tan diversas materias, dificultando el diálogo y la formación de consensos. Asimismo, se sostuvo que muchos de los temas debieron abordarse con mayor detención en las comisiones técnicas, por separado y con tiempo.

También se aprobó la norma que establece que los funcionarios de confianza que se desempeñan en los gabinetes de Presidencia, ministerios y otras autoridades, deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026, entre otros.

Debate parlamentario

En la bancada republicana se estimó improcedente apoyar el proyecto en su conjunto, estimando que no existe claridad sobre el financiamiento de la ley. Dicho argumento también lo levantaron legisladores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Social Cristiano. Sin embargo, desde estos sectores se anunció apoyo a materias como el reajuste y a beneficios específicos para adultos mayores y contribuciones, entre otros.

Uno de los que votó en contra fue el diputado Republicano (PC), Agustín Romero. “Nunca había visto en estos cuatro años que el CFA, incluso presidido por una persona que no es de sensibilidad republicana, haya venido con un informe tan claro y nos diga que este proyecto no tenía financiamiento claro, y que haya sido tan categórica. Lo mismo con la Contralora General de la República, quien hizo una presentación donde explicó que la norma de amarre afectará el corazón de la carrera funcionaria. No me parece que, con toda esa evidencia, se decida aprobar este proyecto. Los republicamos votamos en consecuencia”, planteó el legislador.

Frank Sauerbaum (RN) añadió que “estamos conformes con esta votación, porque hemos logrado aprobar el reajuste del sector público y también los beneficios para el sector pasivo, para adultos mayores, el buen invierno, navidad, fiestas patrias y otros beneficios para los más humildes”.

En ese sentido, el legislador aseveró que “logramos rechazar estas normas de amarre que el gobierno había anunciado para trabajadores que son de su confianza y son sus cercanos. Por lo tanto, esperamos que el Senado confirme este rechazo importante que han tenido estas normas de amarre”.

El proyecto continúa su tramitación este jueves. La Comisión de Hacienda lo analizará entre las 9 y las 12 horas. Así lo confirmó la presidenta de esa instancia legislativa, Ximena Rincón (Demócratas).

Uno de los integrantes de esa comisión es el senador Rodrigo Galilea (RN), quien anticipó al canal 24 horas que no se aprobarán normas que “no tiene sentido que estén en una ley de reajuste”, como las llamadas “normas de amarre”.