Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

El Ejecutivo cuestionó normas sobre trabajo de personas mayores por eventuales riesgos laborales, lo que generó críticas desde la sociedad civil por el impacto en los plazos de entrada en vigencia.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó un veto sustitutivo a algunos aspectos de la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores, iniciativa que había sido despachada en enero.

La normativa establece 15 derechos orientados a reforzar la dignidad, autonomía, acceso a la justicia y participación plena en la vida social, cultural y comunitaria de las personas mayores, además de promover un envejecimiento digno, activo y saludable.

Según se informó, la decisión fue comunicada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en una reunión con organizaciones sociales que participaron en la tramitación del proyecto. En la instancia, la secretaria de Estado precisó que el veto apunta a los artículos 15 y 29.

La medida ha generado cuestionamientos desde organizaciones de la sociedad civil, que esperaban la promulgación de la ley durante este mes, lo que finalmente se retrasará tras la acción del Ejecutivo.

Desde la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias manifestaron su “rechazo y desilusión” por la forma en que se ha llevado adelante el proceso.

En la misma línea, el director de la fundación Conecta Mayores UC, Eduardo Toro, afirmó que “esta decisión del gobierno es muy desafortunada. Más allá de los argumentos del Ejecutivo, lo que no tiene explicación es que se presente este veto como un recurso de última hora, ad portas del término del mandato, después de haber participado activamente en la tramitación del proyecto durante los últimos cuatro años”.

Ministra defiende veto

La ministra Toro explicó que el veto responde a aspectos específicos del proyecto y aseguró que la medida no pone en entredicho el compromiso del gobierno con las personas mayores.

“Con respecto al veto, responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger. Nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor presenta riesgos que pueden afectar su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una ‘libre elección horaria’ que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización”, detalló.

Asimismo, agregó que “proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable”.

Finalmente, la secretaria de Estado enfatizó que “en ningún caso esta ley se encuentra en riesgo y, más allá de este aspecto puntual que deberá votarse, el grueso del contenido, que suscita amplio acuerdo, se encuentra aprobado y se convertirá en ley”.