Denuncian a alcalde de Coihueco por acoso sexual y hostigamiento laboral contra funcionaria
Una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales fue presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán contra la Municipalidad de Coihueco, acción judicial que incluye acusaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral y represalias por parte del alcalde Wilson Palma y de un funcionario municipal.
La acción fue interpuesta por una funcionaria que se desempeñaba en el Departamento de Salud Municipal (Desamu). En el documento judicial se sostiene que la profesional habría sido víctima de una serie de conductas de carácter sexual y presiones laborales desde antes de asumir formalmente el cargo.
Según el escrito, los primeros episodios habrían ocurrido tras aceptar la oferta laboral, cuando —de acuerdo con la denuncia— el alcalde habría comenzado a enviar mensajes insistentes por WhatsApp con comentarios de carácter personal e invitaciones a reuniones fuera del ámbito laboral.
La denunciante afirma que, ya desempeñándose en el municipio, estas conductas se habrían intensificado mediante comentarios insinuantes, invitaciones reiteradas y presiones vinculadas a su situación laboral, además de episodios que describe como control sobre su vida personal y cuestionamientos sobre su apariencia o vestimenta.
En el documento también se acusa la existencia de represalias laborales y hostigamiento luego de que la funcionaria rechazara dichas insinuaciones. Entre ellas se mencionan cambios en sus funciones, dificultades para realizar su trabajo y un ambiente laboral hostil.
La denuncia incluye además antecedentes contra el funcionario municipal Sebastián Muñoz Montecinos, a quien se atribuyen conductas de hostigamiento laboral relacionadas con el mismo contexto.
BioBioChile intentó contactarse con el jefe comunal. Sin embargo, al cierre de la edición de esta nota, no se obtuvo respuesta.
“Lamentamos que no se haya realizado ningún pronunciamiento”
Al respecto, el concejal Juan Guillermo Arteaga comenzó diciendo que este tipo de denuncias “son hechos extremadamente graves que deben ser abordados bajo un marco de responsabilidad y respeto”.
“En este sentido, no debe ser utilizado como un arma de rédito político ni mucho menos para prejuiciar a quien en este caso es la denunciante. Sin embargo, si bien hoy existe una acción judicial presentada ante los tribunales, por lo que corresponde que sea la justicia quien investigue los antecedentes y determine las eventuales responsabilidades, es siempre una ocasión para manifestar con fuerza una voz de repudio a cualquier acción que implique la vulneración de la dignidad y los derechos de cualquier trabajador del Municipio”, complementó.
Acto seguido, agregó que desde su rol fiscalizador como Concejo Municipal corresponde —entre otras tareas— ser un agente para la transparencia de la institución. Por esta razón, anunció la presentación de una solicitud al municipio para que se informe sobre la situación.
Lo anterior, “teniendo en cuenta que es relevante que la comunidad sepa cual es la posición de la autoridad respecto a este caso. Hasta el momento, lamentamos que no se haya realizado ningún pronunciamiento, acerca de un tema que reviste ya, cobertura nacional”.
“Por último, esperamos que la investigación avance con celeridad hacia el esclarecimiento de los hechos y en respeto a la denunciante y a los involucrados”, cerró.
Comentarios
Publicar un comentario