Expertos prevén costo fiscal adicional de hasta US$15 millones por aplazamiento de cobro eléctrico

Expertos prevén costo fiscal adicional de hasta US$15 millones por aplazamiento de cobro eléctrico

Luego de que el Gobierno informara la postergación del cobro asociado a la reliquidación tarifaria eléctrica, el foco comenzó a desplazarse desde el alivio inmediato para los hogares hacia sus efectos económicos de mediano plazo, particularmente en materia de costo fiscal e impacto financiero.

La decisión —que aplaza hasta julio el inicio del cobro vinculado al proceso de Valor Agregado de Distribución (VAD)— busca evitar una presión adicional sobre las cuentas de los consumidores en un contexto de mayores costos energéticos, tras el alza de los combustibles.

Sin embargo, expertos advierten que esta medida no elimina la deuda, sino que la difiere, generando nuevos costos asociados.

En ese contexto, el economista de la Usach, Humberto Verdejo, estimó a El Mercurio que la postergación implicará un costo adicional cercano a los US$14 millones, producto de los intereses generados durante el período en que no se ejecuta el cobro.

Una visión similar planteó a Emol Jorge Berríos, economista y académico de la Universidad de Chile, quien explicó que el origen del problema radica en la acumulación de una deuda derivada del congelamiento tarifario entre 2020 y 2024.

"Esto corresponde a una reliquidación de saldos pendientes que no se ajustaron en su momento. Estamos hablando de una deuda que bordea entre $750.000 millones y $800.000 millones", sostuvo.

Impacto fiscal y efecto en tarifas

Berríos detalló que el costo fiscal directo no está en el capital de la deuda —ya reconocido—, sino en los intereses que continúan acumulándose mientras se posterga su cobro. "Por la postergación, el Estado deberá seguir pagando intereses, lo que podría significar entre US$10 millones y US$15 millones adicionales", explicó.

El esquema original contemplaba, según Berríos, un cargo fijo mensual cercano a los $1.400 por un período de 48 meses, mecanismo que permitía distribuir el impacto en el tiempo. Sin embargo, el aplazamiento podría tensionar ese diseño, dependiendo de cuánto se extienda la postergación.

Deuda acumulada y efecto en tarifas

El origen del problema se remonta al congelamiento de tarifas eléctricas durante la pandemia, decisión que evitó alzas en su momento, pero que generó una deuda con las empresas distribuidoras que hoy debe ser saldada.

Según explica Nicolás Román, académico de la Universidad de los Andes, el pasivo total asciende a cerca de US$1.800 millones. "Esa deuda se debe pagar con los intereses pactados, y cualquier postergación implica un costo financiero adicional que alguien tendrá que asumir", advierte.

El mecanismo original contemplaba que este ajuste se reflejara en las cuentas de los hogares a través de un cargo fijo mensual —del orden de $1.400 a $1.500— durante 48 meses. Además, se estimaban alzas de entre 5% y 10% en las tarifas, dependiendo del segmento de ingresos.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, ha señalado que el objetivo es encontrar "lo antes posible" una fórmula que permita enfrentar esta deuda sin afectar significativamente a los hogares. En la misma línea, el subsecretario del ramo, Felipe Briones, indicó que se trata de la "prioridad número uno" de la cartera y que no se utilizará la totalidad del plazo disponible.

Para los analistas, la postergación responde más a una lógica de gestión del ciclo económico que a una solución estructural. En un escenario marcado por el alza de los combustibles y la proximidad de la tarifa de invierno —que eleva el consumo eléctrico—, aplicar el ajuste ahora habría significado un doble impacto en los hogares.

"Lo que hace esta medida es suavizar el golpe en el corto plazo, pero traslada el problema hacia adelante", resume Berríos.