Ñuble está entre las regiones con menor tasa de incivilidades a nivel nacional
Mientras el Gobierno impulsa la creación de un registro nacional de vándalos e incivilidades, las cifras disponibles para Ñuble muestran una realidad distinta a la observada en las regiones con mayor concentración de este tipo de hechos. Los datos de 2025 sitúan a la región entre las que registran menores tasas de incivilidades del país.
Las incivilidades corresponden a conductas que afectan la convivencia comunitaria, el uso de los espacios públicos o el entorno urbano, y forman parte de los indicadores que monitorean las autoridades en materia de seguridad. En ese contexto, la discusión legislativa impulsada por el Ejecutivo busca establecer un registro nacional de personas sancionadas por este tipo de conductas y por actos de vandalismo, iniciativa que actualmente genera debate tanto en el ámbito político como jurídico.
De acuerdo con las cifras de casos policiales por incivilidades registradas durante 2025, Ñuble contabiliza 6.234 procedimientos. Sin embargo, al relacionar esa cifra con la población regional, estimada en 512.289 habitantes, la tasa alcanza 1.217 casos por cada 100 mil habitantes.
Este indicador ubica a Ñuble en el decimotercer lugar entre las 16 regiones del país, dentro del grupo con menor incidencia relativa. En comparación, Los Lagos encabeza el ranking nacional con una tasa de 2.652 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Aysén (2.406), Los Ríos (2.164) y La Araucanía (1.866). La Región Metropolitana, pese a concentrar el mayor número absoluto de casos, presenta una tasa de 850 por cada 100 mil habitantes.
En términos absolutos, la mayor cantidad de casos se concentra en la Región Metropolitana, con 62.908 registros, seguida por Valparaíso con 25.166 y Biobío con 20.042. Más atrás aparecen Los Lagos, La Araucanía, O’Higgins, Coquimbo y Maule. Ñuble se ubica entre las regiones con menor volumen de procedimientos.
La discusión sobre estas cifras coincide con la tramitación del proyecto de ley que busca crear un registro nacional de vándalos e incivilidades. Según ha explicado el Ejecutivo, la iniciativa apunta a establecer mecanismos de identificación de quienes sean sancionados por conductas que afecten la convivencia, provoquen daños a bienes públicos o involucren agresiones a funcionarios públicos, además de determinar responsabilidades respecto de los perjuicios ocasionados.
El seremi de Seguridad Pública de Ñuble, Héctor Ponce, sostuvo que el registro busca transformarse en una herramienta de prevención y persecución respecto de conductas que afectan tanto a funcionarios policiales como a trabajadores de servicios públicos. Explicó que la iniciativa apunta también a hechos que sí tienen presencia en la región, asegurando que busca actuar contra quienes cometan atentados contra carabineros, así como contra el “personal de los servicios de salud, o tráfico de estupefacientes”.
Respecto de los objetivos de la propuesta, agregó que se busca “proteger a las personas de las conductas que afectan a barrios, que alteran la tranquilidad de las familias o que deterioran nuestra infraestructura pública”, incorporando además la protección del patrimonio histórico y cultural.
La propuesta contempla que las personas incorporadas al registro puedan enfrentar restricciones para acceder a determinados beneficios estatales mientras se mantenga vigente la sanción respectiva, aspecto que forma parte de la discusión legislativa actualmente en desarrollo.
Desde el ámbito jurídico existen observaciones respecto de los alcances de la iniciativa. El abogado penalista de Chillán, Giovanni Gotelli, cuestionó el proyecto y afirmó que “esta es una falacia de este Gobierno, que en el fondo lo que tiene encubierto es evitar la protesta a la que ahora van a llamar incivilidad”. Añadió que “lo que se quiere evitar es que la gente esté en la calle, lo que se quiere evitar es que la gente grite fuerte o interrumpa el tránsito. Por lo demás, esas son estrategias muy metropolitanas y disociadas con la realidad de otras regiones”.
También han surgido diferencias en el ámbito parlamentario. La senadora Loreto Carvajal sostuvo que las sanciones asociadas a este tipo de medidas deben fundarse en “condenas judiciales y no en meras denuncias o presunciones”, agregando que la protección del orden público “no puede significar abrir la puerta a decisiones arbitrarias” ni a medidas que vulneren garantías fundamentales.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza manifestó su respaldo a la iniciativa señalando que esta busca “identificar y sancionar a quienes, mediante la violencia, dañan espacios que pertenecen a toda la comunidad”. Añadió que resulta razonable que quienes atenten contra el patrimonio común “no puedan actuar con sensación de impunidad”.
De aprobarse el proyecto, los rayados de muro ya no solo se castigarán con multas.
Datos regionales
Las cifras regionales muestran además comportamientos distintos al interior de Ñuble. Según antecedentes de seguridad pública, no es posible establecer una tendencia uniforme para toda la región. Mientras en la Provincia de Diguillín se registra una disminución de 31,1% en las denuncias por incivilidades, en Punilla estas aumentan 26,7% y en Itata un 22%.
A nivel comunal, desde Seguridad Municipal de Chillán indican que una parte importante de los reportes recibidos corresponde a situaciones sospechosas informadas por vecinos, vehículos mal estacionados o abandonados y presencia de rucos o carpas en espacios públicos. También se registran denuncias por consumo de alcohol y drogas en la vía pública, conductas que forman parte de los fenómenos incluidos dentro de la discusión sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
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