Se gastarían $615 millones en primeros 22 autos: Poder Judicial revive interés por renovar su flota

Se gastarían $615 millones en primeros 22 autos: Poder Judicial revive interés por renovar su flota

Pese a las restricciones presupuestarias impuestas por Hacienda, el Poder Judicial mantiene entre sus prioridades la renovación de su flota vehicular. Para ello, impulsa una reasignación de $615 millones destinada a reemplazar 22 automóviles en estado "crítico" y proyecta incorporar una modernización gradual del parque automotor en los presupuestos de los próximos años, comenzando por los vehículos utilizados por los presidentes de las cortes de apelaciones.

El Poder Judicial busca avanzar en la renovación de su flota de vehículos, usando como principal argumento que buena parte de las unidades tienen hasta 14 años de antigüedad. En paralelo a gestiones con la Dirección de Presupuesto para la reasignación de $615 millones que permitirían el reemplazo de 22 “casos más críticos”, se buscará avanzar en la modernización del parque automotriz institucional vía presupuesto.

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, de un tiempo a esta parte el tema se ha venido conversando en la interna y también en las últimas sesiones del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Se trata de una materia que ya ha generado controversia en el pasado, costándole el cargo incluso a dos directivos de la CAPJ que fueron desvinculados tras un sumario por la fallida compra en 2024 de 22 vehículos Lexus ES300h —avaluados en casi $60 millones cada uno— que se destinarían a los ministros de la Corte Suprema.

Los $615 millones

Durante la sesión del 7 de mayo, el Consejo Superior de la CAPJ, encabezado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, volvió a abordar la renovación de la flota vehicular del Poder Judicial. El tema surgió durante la revisión del Programa Presupuestario 2027-2031, presentada por la directora interina de la corporación, Andreina Olmo Marchetti.

En su exposición, Olmo explicó que el Ministerio de Hacienda está impulsando un modelo de planificación plurianual vinculante, que obligará a alinear la estrategia institucional con el presupuesto disponible y los resultados comprometidos. Asimismo, advirtió que el proceso se desarrollará en un escenario de estrechez fiscal, donde el gasto proyectado no podrá superar el presupuesto aprobado para 2026, por lo que cualquier nueva iniciativa deberá sustentarse en eficiencias o reasignaciones internas de recursos.

Sin embargo, aclaró que se estaba trabajando en peticiones por fuera de ese marco, que precisamente apuntan a satisfacer “necesidades que persisten de años anteriores”, como la renovación de la flota de vehículos del Poder Judicial.

Según esgrimió, actualmente operan con 155 vehículos que fueron fabricados entre 2012 y 2015. En ese contexto, explicitó que —pese a que no hubo financiamiento para esta materia en 2026— se está gestionando con la Dirección de Presupuestos “una reasignación de $615 millones para cubrir los veintidós casos más críticos”.

Acuerdo del Consejo

En paralelo, según acordó el Consejo Superior, se buscará incluir en el presupuesto de los próximos años una modernización completa al parque automotriz del organismo.

Es por ello que se dispuso que para la siguiente sesión debía presentarse la propuesta de línea de base presupuestaria solicitada por el Ministerio de Hacienda, incluyendo “la renovación de la flota automotriz institucional”

Según se señaló, el objetivo será priorizar el reemplazo de los vehículos que tienen asignados los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país. En una etapa posterior, reza el acuerdo, deberán ser renovados las unidades de mayor antigüedad.

Es por eso que, además, se solicitó la elaboración de un listado-inventario “a nivel nacional” que especifique cuál es su año de fabricación de cada uno de los vehículos del Poder Judicial, quién lo tiene asignado y cuál es su estado de conservación.