Dictamen de Contraloría abre apetito de diputados opositores para acusar a exministra Steinert

Dictamen de Contraloría abre apetito de diputados opositores para acusar a exministra Steinert

Una comisión investigadora sería el primer paso. Sin embargo, la definición de la ofensiva final contra Steinert quedó en manos de los cinco diputados opositores de Seguridad. Desde Palacio Alvarado y Arrau evitaron criticar a la exministra y valoraron su labor dentro del Ejecutivo.

Un intenso intercambio de opiniones, a través de un chat grupal, sostuvieron este jueves los diputados opositores que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

Luego de que la Contraloría, ante un requerimiento del diputado Raúl Leiva (PS), concluyera que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se había excedido en sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes sobre traslados de detectives, inmediatamente la oposición se activó para evaluar posibles caminos de fiscalización y de sanción.

El órgano contralor le cuestionaba a Steinert, que, en su calidad de secretaria de Estado, haya requerido información a la policía relacionada con una causa que ella llevó en Iquique, en enero pasado, cuando era la fiscal regional de Tarapacá.

El hecho que probablemente fue uno de los factores que llevaron al Presidente José Antonio Kast a pedirle la renuncia el 19 de mayo, fue cuestionado severamente en particular por los diputados del PC y el Frente Amplio, que a partir de la acusación constitucional emprendida por republicanos y libertarios en contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (militante frenteamplista) ya habían advertido que ello podría provocar una escalada de libelos en represalia.

Si bien la primera medida que impulsarán legisladores de oposición será presentar una comisión investigadora, este jueves algunos parlamentarios no descartaban iniciar una acusación contra Steinert, quien a pesar de haber dejado el ministerio aún puede ser objeto de una acción constitucional hasta el 18 de agosto (hasta tres meses después de abandonar el cargo).

De hecho, la Contraloría solo se pronunció ante una consulta puntual de Leiva sobre los traslados de personal policial, pero aún no se aclara completamente si la exministra también tuvo injerencia en la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien supuestamente había removido a los detectives cercanos a Steinert cuando era fiscal.

Por ahora, la definición de la ofensiva contra Steinert quedó en manos de los cinco integrantes de la Comisión de Seguridad que tiene la oposición: Tatiana Urrutia (Frente Amplio), Patricio Pinilla (DC), Jaime Araya (Ind.-PPD), Bernardo Salinas (PC) y el mismo Leiva (PS). Entre ellos dos están inclinados por una acusación y al menos un tercero está abierto a estudiar esa herramienta constitucional.

Entre la cautela y la acusación

Tras la respuesta de Contraloría, Leiva (PS) planteó que una acusación constitucional “siempre es una facultad y es de última ratio”, por ello sugirió “que debemos analizar en un principio, por ejemplo, otra facultad de fiscalización que también es tanto o más importante para poder clarificar… la creación de una comisión especial investigadora”.

Pese a su cautela, el ambiente estaba exaltado en la oposición. De hecho, decenas de legisladores reaccionaron ante el nuevo dictamen.

“La derecha ha presentado acusaciones constitucionales una y otra vez diciendo que hay que defender la Constitución y las leyes. Hoy la Contraloría concluyó que la exministra Steinert actuó fuera de sus atribuciones, ¿Habrá acusación constitucional o esa opción solo aparece cuando conviene políticamente? “, dijo el diputado Boris Barrera (PC).

“Apoyamos la formación de una comisión investigadora y, si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”, añadió su par Luis Cuello (PC).

La postura casi al unísono del Partido Comunista ya deja en una posición complicada a la exministra, ya que bastarían 10 firmas de los 12 diputados de la bancada PC-Independientes para avanzar en la presentación del libelo.

En el Frente Amplio, no todos, pero algunos comparten la idea de tomar la medida más severa. Jorge Brito (FA), manifestó que los antecedentes ameritan para que ella “no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra”.

También una drástica declaración expresó el diputado Patricio Pinilla (DC), otro de los miembros de la Comisión de Seguridad. “Por mucho menos se acusó al exministro Grau… Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional”.

Durante la jornada también salieron ministros de La Moneda a abordar la polémica. El titular del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, por ejemplo, indicó en una vocería que ellos como gobierno reconocen la labor que tuvo Steinert en el Ejecutivo y que respetan la postura de Contraloría.

Sin embargo, le bajó el perfil al tema al agregar que “todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error”.

Martín Arrau, ministro de Seguridad y sucesor de Steinert, dijo que “no nos vamos a referir a un juicio de valor sobre informes de Contraloría” y que “valoramos mucho la labor que realizó la exministra”.