Reforma de seguridad: gobierno reabre debate constitucional y pone sus fichas en el Senado antes de que se altere el quórum

Reforma de seguridad: gobierno reabre debate constitucional y pone sus fichas en el Senado antes de que se altere el quórum

Pese al compromiso, luego del rotundo fracaso de la Convención y del Consejo Constitucional que lideró el Partido Republicano, de enterrar por un buen rato la discusión para cambiar la Carta Fundamental, el Presidente Kast anunció una ambiciosa iniciativa en esta línea. Su plan es que se despache rápido y tenerla lista para antes de Navidad.

Cuando el Tribunal Constitucional (TC) despachó la sentencia por el proyecto de Escuelas Protegidas, en La Moneda se leyó con antención cada uno de esos considerandos. Fue en ese momento que en Palacio -y también en sectores del oficialismo, como por ejemplo el timonel del Partido Republicano, el senador Arturo Squella- se llegó a una conclusión: el Ejecutivo tenía que reformar la Constitución para habilitar los cambios en seguridad que quiere impulsar la administración del Presidente José Antonio Kast.

Las consecuencias de ese fallo del TC fueron profundas y provocaron que en Palacio, en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Justicia tomaran nota de que constantemente iban a chocar con la Carta Fundamental si querían empujar otras ideas como el Registro de Vándalos o la detención de migrantes hasta por seis meses.

Incluso, parte de ese análisis apuntó a temas más estructurales de la Constitución, como el artículo 19, la proporcionalidad y temas más audaces, como la posibilidad de establecer discriminaciones que no sean arbitrarias.

Todo ese diagnóstico fue llevado bajo cuerda en un pequeño grupo de La Moneda, en que también participó Squella y algunos abogados constitucionales cercanos al mundo republicano. Hubo más de alguna reunión en Palacio, se comenzaron a compartir borradores y así se fue afinando lo que será la reforma constitucional de seguridad de Kast.

Parte de ese debate fue adelantado por La Tercera. Sin embargo la duda que aún persistía era cuándo y cómo hacer el anuncio. La respuesta llegó esta semana. El gobierno, de la mano del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, se anotó su gran triunfo político: el despacho de la megarreforma. Con eso despejado, La Moneda tenía en sus manos la oportunidad de dar inicio a una segunda etapa del gobierno.

Si la primera tuvo como bandera principal la economía y al ministro Quiroz, ahora la segunda etapa tendrá como rostro principal al ministro Martín Arrau (republicano).

La estrategia fue apodada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y además de cambios legales puntuales, la punta de lanza será nada más ni nada menos que una reforma constitucional.

El mensaje, según lo que se ha comentado hasta ahora, incluirá, entre otras cosas, el deber del Estado de resguardar la seguridad pública; la creación de un registro de organizaciones criminales, cuya sola pertenencia sería un delito con aumento de penas; nuevos regímenes penitenciarios más estrictos para quienes pertenezcan a estas organizaciones; la facilitación de la incautación y liquidación de bienes derivados del crimen organizado; y un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Con esa decisión, en la práctica, Kast está reabriendo el debate constitucional, el mismo que supuestamente se había dejado atrás luego del fracaso de los dos procesos constitucionales: el primero controlado por la izquierda y el segundo controlado por el propio Partido Republicano.

El asunto se vuelve paradójico ya que los republicanos han sido la fuerza política más insistente en que no se deben impulsar cambios constitucionales. Sin embargo, pese a eso, fue la principal fuerza política de lo que terminó en la derrota del Consejo Constitucional y ahora será el responsable de promover un mensaje para reactivar dicho debate con ideas que, tal como han sido anunciadas, implican que en la practica se elevarán a rango constitucional ideas de políticas públicas o propias de un programa de gobierno.

Si bien en sectores del oficialismo hay conciencia de que están cruzando una línea sensible, más aún para un sector que se ha aferrado a la Constitución durante todas estas décadas, en el gobierno descartan estar abriendo un cambio constitucional como el que la derecha tradicionalmente le ha vetado a la izquierda.

Fuentes de La Moneda comentan que la reforma del gobierno “no se trata de modificaciones refundacionales” sino que se trata “de adecuaciones en temas específicos en seguridad pública” ante una realidad evidente que es el avance del crimen organizado. Por eso defienden que el corazón de la reforma no apunta a un tema ideológico, sino que a habilitar que el Estado pueda tener “herramientas más potentes, directas y efectivas para combatirlo”. Las mismas fuentes añaden que el anuncio además va en sintonía con las demandas ciudadanas por más seguridad.

La estrategia legislativa

Fuentes de gobierno comentan que el objetivo es que la reforma constitucional ingrese por el Senado y el ministro Arrau, tal como lo hizo Quiroz con la megarreforma, ha transmitido que su plan es tener una tramitación exprés -idealmente entre dos a tres meses de discusión- ya que si esto se dilata, se corre el riesgo de perder la oportunidad. Por eso fue que el Presidente transparentó que el plan de su gobierno es que la reforma quede despachada antes de Navidad.

La Segpres junto a Seguridad ya definieron que los cambios legales menores ingresarán por la Cámara, pero que la reforma constitucional partirá por el Senado.

La razón, según algunas versiones de gobierno, apunta a aprovechar el tiempo antes de que cambie el quórum debido a los senadores que podrían ser desaforados en los próximos meses. Si bien el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) es inminente, hay más senadores que son imputados por la Fiscalía como Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (Independiente).

De esta forma, el Ejecutivo podría asegurarse el primer trámite legislativo en el Senado ya que su reforma se hará en un momento en que el quórum para modificar la Carta Fundamental es el más bajo de las últimas décadas. Eso se explica como herencia de una moción -impusalda en su momento por los senadores Matías Walker (Independiente), Pedro Araya (PPD), Iván Flores (DC) y la exsenadora Ximena Rincón (Independiente)- que bajó el quórum de reforma constitucional de los 2/3 anteriores a los 4/7 actuales.

La ronda de Arrau

En el penúltimo comité político ampliado, Arrau deslizó sin mayor detalles, que el gobierno iba a presentar próximamente una reforma constitucional. En ese momento, algunos de los presentes como el diputado Diego Schalper (RN), manifestaron sus reparos y sobre todo se pidió que antes de que se ingrese, se haga un trabajo prelegislativo al menos con las bancadas del oficialismo.

Arrau recogió el guante y de hecho este miércoles se desplegó en el Congreso dando a conocer las líneas generales de lo que sería esta reforma. Así, por ejemplo, cuando se juntó con los diputados RN acogió algunas ideas como incluir iniciativas legales que se hagan cargo del robo de celulares, los turbazos y los delitos rurales.

El titular de Seguridad también se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). Lo mismo hizo en una sola cita en la que juntó a la bancada de diputados y senadores de la UDI. A todos les transmitió lo mismo: que el anuncio se haría en la noche en cadena nacional y que esto implicaría coordinación en el oficialismo porque el objetivo es tener una tramitación rápida que tenga resultados antes de Navidad.

La senadora Núñez, en diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, se sumó a la necesidad de tramitar esto con celeridad: “Yo no me imagino a una senadora o a un senador de Tarapacá, o de La Araucanía, o de Santiago, tratando de torpedear una agenda de seguridad. Al revés, yo me imagino que cada uno querrá marcar sus puntos, iniciar el debate, que avancemos con celeridad, pero en este tema yo espero que operemos con unidad y con responsabilidad”.

La presidenta del Senado incluso mostró su disponibilidad para convocar a sesiones especiales y hacer un fast track legislativo en caso de requerirse para cumplir con los plazos del Ejecutivo.