Auditoría al Estado durante el gobierno de Boric cierra su proceso y alista informe final para Kast

Auditoría al Estado durante el gobierno de Boric cierra su proceso y alista informe final para Kast

En el proceso se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones, dependiendo de su naturaleza y gravedad. Además, la revisión de nueve servicios derivó en siete casos remitidos a la Contraloría General de la República. De estos, cinco fueron enviados también al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público.

Este martes, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno realizó su última sesión y, con ello, puso fin al proceso de Inspección Total desarrollado desde el 11 de marzo hasta la fecha.

El análisis tuvo como objetivo revisar la información de más de 500 servicios del gobierno central correspondientes al período 2022-2026, durante la administración de Gabriel Boric, con el fin de detectar señales de alerta y adoptar las medidas correctivas y derivaciones correspondientes.

En detalle, tras la ejecución de 360 programas de auditoría, se ofició a 53 servicios para instruir sumarios administrativos. Además, la revisión de nueve servicios derivó en siete casos remitidos a la Contraloría General de la República. De estos, cinco fueron enviados también al Consejo de Defensa del Estado, y cuatro, al Ministerio Público.

Asimismo, en el proceso -en el que según el Ejecutivo participaron más de 1.000 auditores internos- se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones, dependiendo de su naturaleza y gravedad.

De ese total, 118 hallazgos, distribuidos en 57 servicios, “cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para la instrucción de sumarios administrativos, destinados a determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales”, según informó el gobierno.

Con el cierre del proceso, el comité deberá ahora preparar el informe final de Inspección Total, documento que será entregado al Presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia presentada por el gobierno con el objetivo de proponer alternativas para reducir el número de ministerios.

De todas maneras, el comité continuará realizando el seguimiento de las medidas correctivas derivadas de los hallazgos detectados durante la auditoría.

Al término de la última sesión, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, destacó que “cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República, que es revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”.

“Este trabajo nos permite avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos, fortalecer los controles y, sobre todo, contribuir a que el Estado y sus instituciones funcionen mejor para todos los chilenos”, cerró la representante del Ejecutivo.

El detalle

Según el gobierno, había nueve servicios que requerían especial atención, dependientes de nueve ministerios distintos: Mujer (Subsecretaría de la Mujer), Trabajo (Dirección del Trabajo), Energía (Agencia de Sostenibilidad Energética), Vivienda (Subsecretaría de Vivienda), Deportes (Subsecretaría de Deportes), Ciencia (ANID), Educación (Junaeb), Agricultura (Subsecretaría de Agricultura) y Transportes (Subsecretaría de Transportes).

Los antecedentes pesquisados en los nueve casos fueron enviados a Contraloría, pero otros, dicho está, terminaron judicializándose.

Por ejemplo, Junaeb se transformó en la primera en acudir al Ministerio Público luego de, según se dijo, haber detectado irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, con pagos por raciones no entregadas y que involucraban cerca de 14 mil millones de pesos. Ese proceso judicial hoy sigue su curso.

En el caso del Ministerio de la Mujer, la investigación también derivó en una denuncia ante el Ministerio Público, luego de que la auditoría detectara una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas de la cartera, ubicadas en Agustinas 1269. Según se detalla, el proyecto, que comenzó a gestarse en 2023, terminó en 2026 con un costo muy superior al inicialmente presupuestado.

Lo ocurrido en Ciencia tiene relación con que en abril comenzó un proceso profundo de evaluación de sus programas de financiamiento, que todavía se encuentra en curso. El primer programa evaluado por el ministerio fue Becas Chile. Cuando ANID fue incluida entre las instituciones a evaluar por el Consejo de Auditoría, ambos equipos trabajaron de manera coordinada.

Tras ello, el ministerio también informó a la Contraloría sobre el proceso de evaluación de Becas Chile, además de entregarle los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. A raíz de esta evaluación, se realizaron cambios en las bases y se introdujeron mejoras al programa.

En el Minvu, donde lo más lejos que se ha llegado tras la investigación es a Contraloría, dicen que parte de los hallazgos fueron, por ejemplo, convenios con montos relevantes pendientes de rendición, o rendiciones observadas sin que se permitiera una subsanación.

Los descubrimientos implicaron que la subsecretaria Natalia Aguilar ordenara un sumario. Entre los datos relevados, se señala que en 2025 se firmaron 73 convenios con 56 municipios para transferir unos $ 13 mil millones en un periodo de dos años para proyectos como recuperación de barrios o asentamientos precarios. Sin embargo, en la cartera analizaron que no se cumplió con la exigencia de la Ley de Presupuestos de solicitar permiso a la Dipres para dichas transferencias, lo que, según el ministerio, implicó que hubo otros municipios que no tuvieron fondos para continuar con las obras.

En el MTT, en tanto, Contraloría es la institución donde están derivados los antecedentes por una deuda de 30 mil millones de pesos correspondiente a pagos retrasados desde hace tres años. En la cartera reseñan que se trata de contratos firmados con proveedores de regiones en distintas modalidades. Por ello hay, además, diversas investigaciones sumarias en curso.

En Trabajo también se denunció en el Ministerio Público irregularidades en la plataforma DT PLUS, en Energía se llevó a Contraloría lo pesquisado en la Agencia de Sostenibilidad Energética, y en Deportes, las supuestas irregularidades tienen relación con los Juegos Santiago 2023.